Delcy Rodríguez liquida misiones y fundaciones chavistas en reestructuración presidencial
La encargada del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó una profunda reforma institucional mediante el Decreto N.º 5.248, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.985 con fecha del 9 de febrero. Esta medida implica el cese de funciones y el inicio del proceso de liquidación de diversos organismos y programas que dependían directamente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Cambios irreversibles en marcha
El politólogo Daniel Árias explicó que "comienza la eliminación progresiva de las misiones como herramientas política-administrativas de trabajo. Son cambios irreversibles en marcha". Estos organismos fueron creados en su mayoría durante los periodos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y hasta ahora se desconoce el presupuesto que manejaron, cómo ejecutaron proyectos y quiénes fueron los beneficiados.
Organismos y misiones afectados
La reestructuración impacta a instituciones clave de seguridad, proyectos sociales y movimientos políticos, entre los que destacan:
- Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa): Instancia de inteligencia y seguridad creada en 2013.
- Fundación José Félix Ribas (Fundaribas): Creada en 1986, cuyas competencias serán absorbidas por la Fundación Misión Negra Hipólita.
- Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra": Establecida en 2016.
- Fundación Propatria 2000.
- Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales.
- Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa.
Reubicación de competencias y ejecución
El decreto establece que las responsabilidades de los entes suprimidos serán asumidas por otros organismos del Ejecutivo. Un cambio particularmente relevante es el traslado de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, que pasará a estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para gestionar esta compleja transición, se designará una junta interventora encargada de:
- Llevar adelante el proceso administrativo de cierre de las instituciones.
- Realizar el inventario y revisión exhaustiva de bienes patrimoniales.
- Garantizar la adecuación institucional durante el proceso de transferencia.
La normativa entró en vigor de manera inmediata tras su publicación oficial, marcando un punto de inflexión en la estructura administrativa del gobierno venezolano. Esta decisión se enmarca en un contexto de reestructuración presidencial que busca redefinir las herramientas de gestión gubernamental heredadas de administraciones anteriores.
