Por primera vez desde la caída de Nicolás Maduro, el "ingreso mínimo integral" en Venezuela experimentará un incremento del 26%, pasando de 190 a 240 dólares mensuales. El anuncio fue realizado el jueves 30 de abril por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien desde una tarima en la avenida principal de Caracas destacó el impacto de la medida.
Aumento significativo pero insuficiente
Rodríguez afirmó: "Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel". A pesar de la mejora, la cifra sigue siendo insuficiente para cubrir la realidad económica del país. Estimaciones privadas sitúan el costo de la canasta alimentaria básica para una familia de cinco personas en 677 dólares.
Pensiones llegarán a los 70 dólares
Este esquema se basa en bonificaciones indexadas que no impactan en los beneficios salariales, sumándose a un sueldo mínimo que equivale apenas a 30 centavos de dólar y que ha permanecido congelado por cuatro años frente a una inflación que en 2025 alcanzó el 475%, la más alta del mundo. Asimismo, la mandataria interina confirmó que las pensiones subirán a 70 dólares mensuales.
El ajuste salarial coincide con un momento de tensión legislativa, ya que el gobierno interino planea reformar la ley del trabajo heredada de Hugo Chávez para ganar competitividad, una solicitud histórica de Fedecámaras. No obstante, los sindicatos temen que se modifiquen garantías como la jornada de 40 horas semanales y la capacidad de fiscalización sobre el empresariado.
La economía venezolana no logra recuperarse
Esta transición ocurre en una economía que, tras perder el 80% de su PIB en una década y provocar el éxodo de casi 8 millones de personas según la ONU, muestra desde 2021 signos de recuperación que todavía resultan insuficientes para la mayoría de la población. Bajo la presión de los ciudadanos por condiciones laborales dignas, Rodríguez defendió que el aumento es "responsable" en medio de un panorama donde cerca de 7 millones de venezolanos dependen de la informalidad.
Mientras el Ejecutivo busca reactivar el aparato productivo, mermado por décadas de crisis, los trabajadores deben enfrentar ingresos que, pese a ser ajustados al alza, aún no logran cubrir las necesidades básicas de alimentación en una de las economías más golpeadas de la región.
