Defensoría del Pueblo solicita anulación de emergencia económica pero protege financiación de salud
La Defensoría del Pueblo presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que declare inexequible la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en diciembre de 2025. Sin embargo, en un movimiento estratégico, la entidad pidió expresamente que se mantengan vigentes todas las disposiciones relacionadas con la financiación del sistema de salud colombiano, con especial énfasis en los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Documento de 26 páginas con argumentos constitucionales
La solicitud quedó consignada en un documento de 26 páginas donde la defensora del pueblo, Iris Marín, presentó sus consideraciones detalladas ante el magistrado ponente Carlos Camargo Asís. En el escrito, la Defensoría sostuvo que la declaratoria de emergencia no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para este tipo de medidas excepcionales, pero simultáneamente advirtió sobre la necesidad imperiosa de proteger los efectos favorables que ha tenido en la financiación del sistema de salud nacional.
"La garantía del derecho a la salud, particularmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico que requiere atención inmediata", señaló la Defensoría en su documento, subrayando la delicada situación financiera que atraviesa el sector.
Déficit alarmante en la Unidad de Pago por Capitación
La UPC corresponde al valor que el Estado gira a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado al sistema. Según cifras oficiales citadas por la Defensoría, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asignó 88,4 billones de pesos a este rubro en 2025 y proyecta destinar 101 billones en 2026.
Pese a este incremento presupuestal significativo, la siniestralidad reportada por las EPS alcanza el preocupante 109,5%, lo que implica un déficit cercano a 5,95 billones de pesos. Iris Marín advirtió que el ajuste previsto para 2026 apenas corrige parcialmente la situación, pues persisten desbalances estructurales acumulados durante varios años que amenazan la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano.
Reparos constitucionales al Decreto 1390 de 2025
Entre las ocho solicitudes específicas formuladas ante la Corte Constitucional, la principal es declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, que estableció formalmente la emergencia económica. No obstante, la Defensoría pidió modular sus efectos jurídicos para mantener vigentes únicamente las disposiciones encaminadas a conjurar la crisis del sector salud.
La entidad también solicitó preservar las medidas tributarias contempladas en el Decreto 1474, que creó nuevos impuestos y modificó tarifas existentes —incluyendo las del licor— con el objetivo específico de financiar la atención sanitaria de los colombianos. Adicionalmente, pidió conceder al Gobierno Nacional un plazo razonable para tramitar una ley ordinaria que ajuste el Presupuesto General de la Nación a las necesidades reales del sistema de salud.
Otras peticiones estratégicas de la Defensoría
- Reforzar la vigilancia sobre la destinación de recursos por parte de los organismos de control
- Fortalecer el papel de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008
- Garantizar que se reconozca plenamente la salud como derecho fundamental
- Establecer mecanismos de transparencia en la ejecución de recursos sanitarios
Decisión provisional y controversia constitucional
El pasado 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió provisionalmente la emergencia económica con seis votos a favor y dos en contra. Tras esta decisión, la Presidencia de la República presentó una solicitud de nulidad, argumentando que la suspensión de decretos legislativos carece de sustento normativo y afecta la coherencia del orden constitucional colombiano.
Mientras el alto tribunal estudia de fondo la constitucionalidad del decreto, el debate nacional se centra en cómo garantizar la financiación adecuada del sistema de salud sin recurrir a medidas excepcionales, en medio de una coyuntura fiscal y social particularmente compleja que requiere soluciones estructurales y sostenibles.
