Defensoría del Pueblo solicita a la Corte Constitucional tumbar emergencia económica de Petro
La Defensoría del Pueblo presentó una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que declare inexequible la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2025. No obstante, la entidad pidió que se mantengan los recursos destinados específicamente al sector salud, en particular aquellos orientados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Argumentos constitucionales contra la emergencia
En un documento de 26 páginas dirigido al magistrado ponente Carlos Camargo Asis, la defensora del Pueblo Iris Marín sustentó que la declaratoria de emergencia no cumple con los requisitos constitucionales establecidos. La entidad argumentó que las razones expuestas por el Gobierno no corresponden a hechos nuevos o imprevisibles, sino que se trata de una problemática histórica que requiere soluciones institucionales de fondo y no medidas excepcionales.
"La garantía del derecho a la salud, particularmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico", señaló la Defensoría en su escrito, al tiempo que reconoció la necesidad de proteger los efectos favorables que la emergencia ha tenido en la financiación del sistema de salud.
La situación financiera del sistema de salud
La Defensoría destacó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) asignó $88,4 billones a la UPC en 2025 y proyecta destinar $101 billones en 2026. Sin embargo, la siniestralidad reportada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) alcanza el 109,5%, lo que implica un déficit cercano a $5,95 billones.
Marín advirtió que el ajuste previsto para la UPC en 2026 apenas corrige de manera parcial la situación, ya que persisten desbalances estructurales acumulados de años anteriores. La entidad insistió en que existe una amenaza financiera real para el sistema de salud, pero consideró que el resto del Decreto 1390 debe ser retirado del ordenamiento jurídico.
Las ocho solicitudes de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo formuló ocho solicitudes específicas ante la Corte Constitucional:
- Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025
- Modular sus efectos para mantener vigentes únicamente las disposiciones encaminadas a conjurar la crisis del sector salud
- Preservar las medidas tributarias contempladas en el Decreto 1474, que creó nuevos impuestos y modificó tarifas como las del licor con destino a financiar la atención sanitaria
- Conceder al Gobierno un plazo razonable para tramitar una ley ordinaria que ajuste el Presupuesto General de la Nación a las necesidades reales del sistema de salud
- Reforzar la vigilancia sobre la destinación de los recursos por parte de los organismos de control
- Fortalecer el papel de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que reconoció la salud como derecho fundamental
- Garantizar la transparencia en el uso de los fondos destinados a salud
- Establecer mecanismos de seguimiento permanente a la situación financiera del sistema
Respuesta a los argumentos del Gobierno
Frente al argumento del Ejecutivo de que la emergencia también buscaba proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos, la defensora Iris Marín sostuvo que las intimidaciones constituyen un fenómeno estructural y no un hecho sobreviniente. Esta posición refuerza la tesis principal de la Defensoría: que los problemas que motivaron la emergencia no son nuevos ni imprevisibles, sino situaciones crónicas que requieren soluciones permanentes.
El pasado 29 de enero, la Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió la emergencia económica con seis votos a favor y dos en contra. Tras esta decisión, la Presidencia presentó una solicitud de nulidad, al considerar que la suspensión provisional de decretos legislativos carece de sustento normativo y afecta la coherencia del orden constitucional.
Contexto de la emergencia económica
La emergencia económica suspendida por la Corte Constitucional fue decretada por el gobierno Petro en diciembre de 2025 como una herramienta para enfrentar las afugias presupuestales. Sin embargo, la Defensoría considera que esta medida excepcional no es el mecanismo adecuado para resolver problemas estructurales del sistema de salud y las finanzas públicas.
La entidad reconoció que el Gobierno buscaba atender órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el pago a las EPS, argumento que considera válido en cuanto a la intención, pero insuficiente para justificar una declaratoria de emergencia que, según su análisis, no cumple con los requisitos constitucionales exigidos para este tipo de medidas extraordinarias.
