Gobierno adopta medidas excepcionales para emergencia climática que generan controversia
En medio de la declaratoria de emergencia económica y social para enfrentar los efectos del frente frío y el incremento significativo de lluvias en múltiples regiones del territorio colombiano, el Gobierno nacional expidió un paquete integral de decretos que ha desatado un intenso debate tanto en el ámbito político como en el jurídico.
La decisión trascendental se adoptó formalmente tras la realización del Consejo de Ministros en la ciudad de Cartagena y fue anunciada públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien presentó detalladamente cuatro medidas normativas específicamente orientadas a atender la contingencia climática que afecta al país.
Decreto 175 de 2026: Contratación directa en tiempos de ley de garantías
Entre las disposiciones oficiales dadas a conocer figura prominentemente el decreto 175 de 2026, el cual contiene un artículo particularmente relacionado con la contratación estatal que ha despertado profundos cuestionamientos institucionales.
El punto normativo ha generado especial controversia porque coincide temporalmente con la entrada en vigor plena de la ley de garantías, una norma diseñada específicamente para limitar la contratación directa y los convenios interadministrativos durante los meses previos a procesos electorales, con el objetivo fundamental de evitar que los recursos públicos puedan ser utilizados con fines proselitistas o políticos.
El artículo 12 del decreto, titulado explícitamente "medidas excepcionales de contratación", establece de manera categórica que: "Las entidades públicas podrán acudir a la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística necesarios para la ejecución de las medidas del presente decreto".
En el mismo apartado normativo se indica adicionalmente que los procesos contractuales que se adelanten bajo esta figura "estarán sometidas únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares", lo que representa una flexibilización significativa de los procedimientos habituales.
Adicionalmente, el parágrafo primero autoriza expresamente la adición de contratos vigentes o aquellos que se suscriban específicamente para atender la crisis climática, sin que opere el límite tradicional del 50 % del valor inicial contemplado en la Ley 80 de Contratación Estatal.
En la práctica operativa, esta disposición permitiría ampliar sustancialmente el monto de los contratos más allá del tope habitual previsto en el régimen general de contratación estatal, generando preocupaciones sobre posibles desviaciones de recursos.
Contexto de advertencias previas de la Contraloría General
La medida excepcional se conoce en un contexto de advertencias previas y reiteradas de la Contraloría General de la República sobre el comportamiento reciente de la contratación estatal en el país.
El ente de control superior informó oficialmente que durante el mes de enero de 2026, el Gobierno nacional firmó exactamente 164.813 contratos por un valor total de $14,9 billones, una cifra que, según su reporte detallado, supera en un significativo 68 % los registros comparables de la administración del expresidente Iván Duque en un periodo similar.
De acuerdo con los datos precisos entregados por la Contraloría General, al sumar meticulosamente las entidades nacionales y territoriales, en enero se celebraron 521.269 contratos mediante la modalidad de contratación directa por un valor total acumulado de $32,88 billones.
El informe técnico también comparó específicamente enero de 2026 con enero de 2022, cuando comenzó a regir inicialmente la ley de garantías antes de las elecciones presidenciales de ese año histórico.
Según el organismo de control fiscal, se registró un incremento sustancial del 52,6 % en el número total de contratos y del 68,2 % en el valor global contratado durante este periodo comparativo.
En enero de 2022, según los registros oficiales, se suscribieron 107.971 contratos por un valor de $8,84 billones, cifras considerablemente inferiores a las actuales que han generado alertas institucionales.
