Costa Rica enfrenta un desafío histórico a su tradición democrática
Por primera vez desde 1948, la reputación de Costa Rica como ejemplo de democracia sólida y estable en América Latina se encuentra bajo seria presión. Aunque nadie cuestiona la legitimidad del triunfo electoral de Laura Fernández en las recientes elecciones presidenciales, la incertidumbre surge al analizar sus posturas sobre una posible reforma constitucional y la adopción del controvertido modelo Bukele para combatir al crimen organizado.
La amenaza a las instituciones democráticas
A pesar de que la Constitución actual de Costa Rica prohíbe expresamente la reelección presidencial consecutiva, Fernández ha propuesto modificar el texto constitucional para permitirla. Esta iniciativa representa un escándalo institucional en un país cuya arquitectura democrática fue diseñada específicamente para impedir la concentración de poder y establecer un equilibrio entre los distintos poderes del Estado.
Lo que Fernández propone atenta directamente contra la cultura democrática costarricense, su fortaleza institucional histórica, la limpieza de sus procesos electorales, su sistemática alternancia en el poder, su libertad de prensa y su robusto sistema de frenos y contrapesos. La iniciativa ha sido formulada aparentemente para facilitar la continuación en el poder de su mentor político, el actual presidente Rodrigo Chaves.
En América Latina, la reelección casi nunca se ha limitado a un solo período, y Costa Rica ha sido la excepción notable precisamente porque la ha impedido constitucionalmente. Este cambio representaría una transformación radical en la identidad política del país.
El dilema de seguridad y el modelo Bukele
Sobre el tema de la criminalidad, es un hecho incontrovertible que, impulsado por el narcotráfico, el crimen organizado ha crecido significativamente a partir de 2023. Además, la ciberdelincuencia ha aumentado considerablemente mientras el país ha pasado de ser principalmente una ruta de tránsito de drogas a convertirse en una plataforma logística que controla el transporte, la logística y la distribución de mercancías a través de sus puertos, aeropuertos y carreteras.
La duda fundamental radica en si el método que aparentemente Fernández ha escogido para combatir este problema funcionará en el contexto costarricense. La presidenta electa sugiere que la posible solución sería aplicar medidas de seguridad siguiendo el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, lo que incluiría declarar estados de excepción en zonas conflictivas y construir una megacárcel inspirada en el Cecot.
Esta prisión salvadoreña es reconocida tanto por su éxito en reducir la criminalidad como por sus severas condiciones carcelarias y notorias violaciones a los derechos humanos. Desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado dramáticamente de 38 por cada 100.000 habitantes a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio latinoamericano de 16,4. Simultáneamente, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas, lo que significa que uno de cada 45 adultos salvadoreños se encuentra actualmente en prisión.
Diferencias fundamentales entre contextos
Aparte de las preocupantes violaciones a los derechos humanos de los prisioneros, algo tan contrario a la identidad costarricense tradicional, el problema central con esta propuesta radica en las diferencias estructurales entre ambos países. Aunque tanto El Salvador como Costa Rica están expuestos a dinámicas transnacionales de redes criminales de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, mayormente de origen mexicano y colombiano, las características que definen a los criminales en ambas naciones son diametralmente opuestas.
En El Salvador, el crimen es esencialmente comunitario e identitario, donde "las maras" ejercían un control territorial explícito que aterraba a la población. En Costa Rica, por el contrario, no existen pandillas que tengan control abierto de zonas urbanas, y el ciudadano común rara vez enfrenta violencia directa de los criminales.
Mientras en los barrios pobres de El Salvador "las maras" sustituyeron efectivamente al Estado, en Costa Rica el crimen no desafía abiertamente al Estado, sino que se manifiesta como crimen de élite, invisible, logístico y económicamente sofisticado.
La tentación regional del atajo autoritario
El miedo a la criminalidad se extiende por todo el continente americano. Enfrentados a una criminalidad creciente, los gobiernos de Ecuador, Perú, Honduras, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia han expresado su interés en estudiar o aplicar elementos del "modelo Bukele".
Esta tendencia regional refleja una debilidad humana comprensible pero peligrosa: cuando la violencia aumenta, el modelo salvadoreño se convierte en un atajo retórico tentador para políticos que buscan soluciones rápidas a problemas complejos. Costa Rica, tradicional bastión de la democracia institucional en la región, ahora se encuentra en la encrucijada de decidir si mantiene su tradición democrática o se suma a esta corriente autoritaria que gana adeptos en América Latina.
La decisión que tome el nuevo gobierno costarricense no solo afectará el futuro inmediato del país, sino que enviará una señal poderosa sobre el rumbo que tomará la democracia en toda la región centroamericana y más allá.
