Las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado contra iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro han generado, desde 2024, una presión creciente sobre su agenda económica. Los fallos han frenado proyectos fiscales y regulatorios, obligando a replantear ingresos, gastos y el alcance de las reformas, justo cuando el Ejecutivo buscaba consolidar su estrategia de financiación y control de sectores estratégicos.
Golpes al recaudo: impuestos, emergencia económica y regalías
Uno de los reveses más recientes fue la suspensión provisional del recaudo de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, prevista para mayo de 2026, por parte de la Corte Constitucional. Esta decisión impacta directamente las expectativas de caja del Gobierno y se suma a la declaratoria de inexequibilidad del decreto de emergencia económica, herramienta clave para financiar programas sociales.
Gustavo Cote, exdirector de la Dian, señaló: “La decisión de la Corte de suspender la segunda cuota del impuesto de patrimonio para entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial (RTE) confirma la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes. Las medidas tributarias no pueden transgredir el principio de igualdad, ya que las ESAL son diferentes a las sociedades comerciales”.
El tribunal consideró que la emergencia económica no cumplía requisitos constitucionales, dejando sin piso jurídico las medidas asociadas. Como consecuencia, el Gobierno enfrenta la posible devolución de unos $814.000 millones recaudados bajo ese esquema, lo que presiona el déficit fiscal. Además, la Corte ordenó la devolución de tributos cobrados en ese contexto.
La suspensión beneficia a entidades sin ánimo de lucro protegidas por el RTE. Según Cote: “Las universidades privadas, por ejemplo, no debían pagar un impuesto que afecta la prestación del servicio educativo”.
A esto se suma el fallo que mantiene la deducibilidad de las regalías para empresas mineras y petroleras. La Corte concluyó que prohibir esa deducción era contrario a la equidad tributaria y podía tener efectos confiscatorios. El Ministerio de Hacienda estimó un faltante de $7 billones anuales por esta medida.
Consejo de Estado frena reformas en pensiones y salario mínimo
El Consejo de Estado suspendió iniciativas clave en materia laboral y pensional. Destaca la suspensión del decreto que ordenaba el traslado de $25 billones desde fondos privados a Colpensiones, al considerar que los plazos de 30 días eran desproporcionados y ponían en riesgo la estabilidad del sistema. Esto congeló el traslado de unos $20 billones de afiliados que aún no cumplen requisitos para pensionarse, generando incertidumbre sobre ajustes rápidos al sistema pensional.
También se mantiene suspendido el decreto que fijó el salario mínimo, reflejando la tensión entre el Ejecutivo y el control judicial. En ambos casos, el Consejo de Estado enfatizó la necesidad de respetar procedimientos institucionales, incluso en contextos de urgencia económica.
Límites a la intervención en servicios públicos
El Consejo de Estado dejó en firme la suspensión del decreto que permitía al Presidente asumir funciones de la CREG y la CRA para incidir en tarifas de energía, gas y agua. La regulación regresó a entes técnicos independientes, limitando la capacidad del Gobierno para actuar directamente sobre precios en sectores estratégicos.
Además, la Corte Constitucional ha recortado artículos del Plan Nacional de Desarrollo que otorgaban facultades extraordinarias al Presidente, como la compra directa de tierras o la modificación de contratos de obra pública sin trámite legislativo. Esto ha obligado al Ejecutivo a regresar al Congreso o ajustar su hoja de ruta.
El conjunto de fallos ha forzado un rediseño de la estrategia económica del Gobierno. Con menores ingresos, restricciones regulatorias y límites en el uso de facultades extraordinarias, la administración Petro enfrenta el reto de mantener sus compromisos sociales en un entorno más estrecho. La tensión entre la ambición reformista y el control institucional continúa marcando el pulso económico del país.
