Corte Constitucional revisará suspensión de emergencia económica de diciembre
La Sala Plena de la Corte Constitucional se prepara para un análisis crucial sobre la emergencia económica que fue decretada en diciembre de 2025 y que actualmente se encuentra suspendida. La revisión está programada para el próximo 9 de abril a las 9:00 a.m., donde el alto tribunal examinará los fundamentos y consecuencias de esta medida gubernamental.
Antecedentes de la suspensión
Es importante recordar que la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto 1390 en enero de este año, argumentando que la emergencia generaba afectaciones serias a los principios democráticos. Según el órgano judicial, esta suspensión era necesaria para proteger la supremacía de la Carta Política colombiana.
Entre las medidas que contemplaba este decreto se encontraban:
- La aplicación del IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y al tabaco
- Una contribución parafiscal del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de todas las generadoras eléctricas
- La contraprestación del 12% de la energía que las hidroeléctricas vendieran en bolsa
Posición del gobierno y argumentos de la Corte
En febrero, el presidente Gustavo Petro envió una carta formal a la Corte Constitucional solicitando que se levantara la suspensión sobre este decreto. El mandatario argumentó que la situación humanitaria se ha agravado de forma acelerada en el país, especialmente por los efectos de la temporada de lluvias que azotó principalmente al norte del territorio nacional.
Sin embargo, la Corte mantuvo su posición, señalando en su fallo de suspensión que el decreto era prima facie, abierta o manifiestamente inconstitucional. El tribunal precisó que existían serias dudas sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Constitución.
Controversia sobre los fundamentos de la emergencia
Un aspecto particularmente controvertido fue el argumento del Ejecutivo sobre los desastres naturales provocados por la ola invernal. La Sala negó que estos hechos fueran sobrevinientes, destacando que incluso el desastre nacional provocado por fenómenos naturales climáticos fue valorado y reconocido por el mismo Presidente de la República un año antes de la expedición del Decreto 1390 de 2025.
Esta decisión judicial se produce mientras actualmente está en vigencia otra emergencia económica relacionada específicamente con la temporada de lluvias, lo que genera un escenario complejo de medidas excepcionales simultáneas en el país.
La revisión del próximo 9 de abril será determinante para el futuro de estas medidas fiscales y para el equilibrio entre las facultades excepcionales del gobierno y los controles constitucionales establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.
