Consejo de Estado abre investigación contra presidente Petro por su etapa como senador
Una nueva controversia jurídica y política se desató este martes 10 de febrero de 2026, cuando la Sala Plena del Consejo de Estado admitió formalmente una demanda de pérdida de investidura contra el presidente Gustavo Petro, correspondiente a su período como senador de la República. Esta decisión marca un giro de 180 grados en un caso que ya había sido resuelto en noviembre de 2022.
Reunión de alto nivel y cambio de criterio
Desde las 8:30 a.m., los magistrados de la Sala Plena se reunieron para analizar este proceso, catalogado dentro del orden del día como uno de los "temas de mayor interés noticioso" de la sesión. Lo particular de este caso es que el mismo Consejo de Estado había establecido previamente que no era competente para conocer demandas de pérdida de investidura contra el Presidente de la República.
El argumento central en 2022 fue que el alto tribunal no podía investigar a Petro debido al "hecho sobreviniente" de su posesión presidencial. Incluso se aclaró que tampoco podía conocer los hechos ocurridos cuando el mandatario ejercía como periodista.
El recurso que cambió todo
Sin embargo, Joan Sebastián Moreno Hernández, el demandante contra el presidente, presentó un nuevo recurso que, cuatro años después, obligó al Consejo de Estado a reconsiderar su posición inicial. Los magistrados finalmente admitieron la demanda, definieron que sí tienen competencia y ahora deberán investigar al mandatario por la acusación de pérdida de investidura durante su etapa como congresista.
El recurso argumenta que el entonces senador Petro podría haber perdido su investidura por una presunta violación del artículo 89 de la Constitución colombiana, específicamente la causal 2 que establece: "Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura".
Antecedentes de tensión institucional
Esta decisión podría generar una nueva confrontación entre el Consejo de Estado y el presidente Petro, quien ha cuestionado duramente a ese alto tribunal en ocasiones anteriores. Entre las decisiones criticadas se encuentra la competencia que le otorgó al Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas violaciones de topes de campaña del candidato Petro a la Presidencia.
La admisión de esta demanda se produce en un contexto de creciente tensión entre el poder ejecutivo y los órganos de control, recordando que en octubre de 2025 el mismo Consejo de Estado le advirtió al presidente que "no tiene poderes ilimitados" por el uso de alocuciones presidenciales.
Implicaciones políticas y jurídicas
Las posibles consecuencias de esta investigación incluyen:
- Un nuevo capítulo en las tensiones entre ramas del poder público
- Revisión de la conducta legislativa del entonces senador Petro
- Precedentes sobre la competencia de tribunales para investigar a presidentes por hechos anteriores a su mandato
- Impacto en la percepción pública sobre la independencia judicial
El caso continuará su curso mientras el país observa cómo se desarrolla esta inusual situación donde un presidente en ejercicio enfrenta una investigación por su desempeño como legislador años atrás.
