Las cinco emergencias económicas del gobierno Petro: ¿estrategia o improvisación?
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha optado por declarar cinco emergencias económicas durante su mandato, argumentando que el Estado colombiano carece de la capacidad para actuar con eficacia ante situaciones críticas. Esta estrategia ha generado un intenso debate sobre la gestión gubernamental y los posibles usos políticos de estos mecanismos excepcionales.
El recorrido de las emergencias declaradas
La primera emergencia económica fue declarada en 2023 para atender la grave sequía en el departamento de La Guajira, una situación que terminó envuelta en el escándalo de los carrotanques y que puso en evidencia las fallas en la distribución de recursos. Posteriormente, el gobierno decretó otra emergencia por la violencia persistente en la región del Catatumbo, donde la propuesta de "paz total" no ha logrado contener los enfrentamientos armados.
A estas dos se sumó una tercera emergencia declarada por el aumento de casos de fiebre amarilla, que aunque nunca alcanzó niveles pandémicos, justificó la adopción de medidas excepcionales. La cuarta emergencia fue dictada tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso y actualmente se encuentra suspendida provisionalmente por la Corte Constitucional.
La más reciente emergencia fue decretada para atender la temporada de lluvias en el departamento de Córdoba, con el propósito declarado de imponer nuevas cargas tributarias que permitieran financiar las obras de mitigación.
La excepción como método de gobierno
De esta manera, la excepción se ha convertido en método dentro de la administración Petro. En lugar de una gestión planificada y sostenible, emanan decretos de emergencia; en vez de controles institucionales, prevalece la urgencia como justificación. Este mecanismo permite eludir preguntas incómodas sobre la eficiencia del gasto público y, según algunos analistas, premia la improvisación en la administración estatal.
Desde la Fundación Heinrich Böll, el reconocido economista Luis Jorge Garay ha estudiado extensamente los fenómenos de criminalidad y corrupción a partir del concepto de "captura del Estado". Este fenómeno describe cómo grupos de poder obtienen regulaciones y favorecimientos a través de su influencia sobre las instituciones públicas.
La arqueología de la corrupción en emergencias
En lo que Garay denomina la "arqueología de la corrupción", el economista señala una constante preocupante: desastres naturales y crisis sociales han servido históricamente para declarar estados de perturbación que, además de auxiliar a los damnificados, han permitido alimentar circuitos políticos y electorales.
- El terremoto de Popayán en 1983
- La avalancha de Armero en 1985
- El terremoto de Armenia en 1999
- Diversas alteraciones climáticas en décadas recientes
Todos estos eventos generaron declaratorias de emergencia que facilitaron el giro de dineros a proveedores y contratistas, muchas veces con escaso control sobre la destinación final de los recursos.
Medidas paliativas sin atacar causas estructurales
En la práctica, estas declaratorias de emergencia rara vez atacan las causas profundas de los problemas. Apenas administran medidas paliativas temporales, mientras se mantienen problemas estructurales como:
- La ocupación ilegal de riberas de ríos
- El asentamiento de poblados en zonas de alto riesgo
- La ausencia de obras estructurales para prevenir inundaciones
- La falta de planificación territorial adecuada
Paradójicamente, la emergencia se vuelve funcional para ciertos intereses: moviliza recursos abundantes y despierta una solidaridad ciudadana que habilita su manejo discrecional por parte de las autoridades.
La necesidad de reestructurar la institucionalidad
De allí que diferentes voces expertas reclamen con insistencia la reestructuración de la institucionalidad encargada de la atención de catástrofes, tanto desde el Congreso como desde el gobierno central. Esta reforma institucional se considera urgente para garantizar una respuesta más eficiente y transparente ante las crisis.
Al observar los ríos de dinero que circulan en las campañas políticas en curso, el auge de las empresas electorales, y el arraigo de clanes familiares que dominan el panorama político regional, se percibe que Colombia no asiste a una verdadera contienda democrática, sino a una subasta de pedazos de poder, realizada a la vista de todos y sin el menor pudor.
La verdadera emergencia nacional: la crisis ética
La real emergencia nacional —más que económica— es la crisis ética que se ha instalado en la vida pública colombiana y en el comportamiento ciudadano que parece resignado a tolerar que particulares capturen el Estado, como si este fuera nuestro destino inevitable. Esta normalización de prácticas cuestionables representa quizás el mayor desafío para la consolidación democrática del país.
El debate sobre el uso de las emergencias económicas trasciende la actual administración y apunta a problemas estructurales del Estado colombiano, donde la excepción se ha convertido con frecuencia en la regla, y donde la urgencia justifica lo que la planificación debería prevenir.
