Gobierno Petro activa medidas extraordinarias ante emergencia económica por lluvias
La declaratoria de emergencia económica por las lluvias extraordinarias que afectaron múltiples regiones del país se materializó en cinco decretos expedidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro durante la noche del 24 de febrero. Estas normativas buscan conjurar la crisis y mitigar sus efectos mediante una combinación de medidas fiscales, ambientales, educativas y productivas que redefinen la respuesta estatal frente al impacto climático registrado en ocho departamentos colombianos.
Cambios tributarios para financiar la emergencia
El Decreto 0173 introduce modificaciones tributarias orientadas específicamente a financiar la atención de la emergencia. Establece un impuesto temporal al patrimonio que aplica a personas jurídicas y sociedades con patrimonio igual o superior a 200.000 UVT (aproximadamente $10.474.800.000) al primero de marzo de 2026.
La tarifa general será del 0,5%, pero se incrementa significativamente al 1,6% para entidades financieras como bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo de petróleo y carbón. Este gravamen se pagará en dos cuotas durante abril y mayo de 2026, con la garantía de que los recursos se destinarán exclusivamente a atender la crisis climática.
El gobierno sostiene que la magnitud de la emergencia superó los mecanismos ordinarios de financiación, argumentando que los instrumentos existentes no permitían responder con la rapidez requerida ante lo que califican como "una perturbación grave e inminente del orden económico, social y ecológico".
Medidas para el sector agropecuario y compra de tierras
En paralelo, se expidió el Decreto 0174 de 2026 para agilizar la compra y saneamiento de tierras afectadas por las inundaciones en el norte del país. Esta normativa implementa medidas extraordinarias para el sector agropecuario, incluyendo alivios financieros, acceso a crédito y reestructuración de pasivos.
El Ejecutivo advierte que las inundaciones afectaron más de 176.000 hectáreas y decenas de miles de productores rurales, lo que amenaza tanto la capacidad de pago del sector como el abastecimiento alimentario nacional. Partiendo de esta realidad, declara de utilidad pública los predios necesarios para reubicar campesinos y recuperar la producción agrícola.
Cuando el Estado adquiera un terreno mediante este mecanismo, este quedará automáticamente libre de deudas o embargos para su uso inmediato en los programas de recuperación.
Facilidades contractuales y protección educativa
La lista de decretos incluye también el Decreto 0175, que habilita la contratación directa sin licitación pública y sin las restricciones tradicionales de la Ley de Garantías, incluso durante periodos electorales. Esta medida permite adicionar contratos sin el límite tradicional del 50%, siempre que estén directamente relacionados con la atención de la crisis.
Por su parte, el Decreto 0176 asegura la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para más de un millón de estudiantes, permitiendo la entrega de raciones en los hogares en caso de que se suspendan las clases presenciales. Esta medida responde al deterioro de cientos de sedes educativas afectadas por las lluvias y la posibilidad real de trasladar las jornadas académicas a los hogares.
Contribución especial para generadoras eléctricas
Entre las normas que han generado mayor inquietud, junto con los nuevos impuestos, se encuentra el Decreto 0177, que establece un aporte adicional del 2% para las empresas generadoras de energía eléctrica. Este recurso se destinará específicamente a financiar la recuperación ambiental y ordena ajustes obligatorios en la operación de represas afectadas por la emergencia.
El gobierno adoptó además ajustes al calendario académico ante el deterioro de cientos de instituciones educativas, reconociendo que centenares de centros escolares reportaron afectaciones por las lluvias. Esta situación compromete tanto la continuidad educativa como el acceso de miles de estudiantes a la alimentación escolar garantizada por el Estado.
Contexto de la emergencia y perspectivas financieras
Las normativas buscan agilizar lo que el gobierno denomina un "reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente", con el objetivo de trasladar actividades agropecuarias fuera de áreas inundables y proteger los medios de vida campesinos. Se reconoce que la persistencia de las lluvias ha impedido restablecer las actividades económicas y ha afectado directamente los ingresos rurales.
Las precipitaciones registraron incrementos extraordinarios frente a los promedios históricos, con un carácter anómalo y no previsible que generó inundaciones simultáneas en varias cuencas y afectaciones extensas sobre ecosistemas, infraestructura y asentamientos humanos.
Aunque las primeras medidas buscan recaudar aproximadamente $8 billones, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconoció que este monto podría resultar insuficiente ante el crecimiento de las afectaciones y la necesidad de acelerar la recuperación económica del país.
