Debate intenso sobre el futuro de la Fábrica de Licores de Antioquia
La Asamblea Departamental de Antioquia continúa este martes 24 de marzo el primer debate del Proyecto de Ordenanza No. 4 de 2026, una iniciativa que ha desatado fuertes controversias por buscar modificar la composición de la Junta Directiva de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA).
Advertencias sobre privatización encubierta
Desde la oposición, el diputado Manuel María García Lozano ha lanzado una severa alerta, afirmando que aprobar esta ordenanza equivaldría a "abrir la puerta a la privatización de la FLA". Según el corporado, la propuesta pretende que la junta quede bajo control mayoritario del sector privado, entregando así las decisiones estratégicas de la empresa pública más importante del departamento a lo que califica como "negociantes de lo público".
García ha comparado esta medida con otras iniciativas polémicas del gobernador Andrés Julián Rendón, como la denominada "vaca" para financiar vías y la tasa de seguridad, catalogándola como otra "salida en falso" de la actual administración.
El peso económico en juego
El diputado Luis Peláez ha dimensionado la importancia económica de la FLA, recordando que solo durante el año 2025, la empresa vendió 73,2 millones de botellas de aguardiente, generando transferencias por 1,2 billones de pesos para financiar salud, educación y deporte en todo el departamento.
Peláez explicó que el riesgo principal radica en que el Gobernador busca alterar el balance actual de la junta, que actualmente cuenta con tres miembros públicos y dos privados, para nombrar a tres representantes privados de su elección. El aspecto más crítico, según su análisis, es el temporal: el próximo gobernador que asuma en 2027 no podría modificar estos nombramientos durante 2028, año crucial en el que se seleccionarán los nuevos distribuidores de la licorera, quienes obtienen el mayor margen de utilidad del negocio.
Lo que establece el documento oficial
El Proyecto de Ordenanza No. 04 establece textualmente que la FLA mantendrá su carácter de "Empresa Industrial y Comercial del Estado cien por ciento (100%) pública". Sin embargo, el polémico Artículo 8 confirma las advertencias de los diputados sobre la composición de la junta directiva.
Este artículo establece que la junta pasaría a tener cinco miembros sin suplentes, conformada por:
- El Gobernador (o su delegado)
- El Secretario de Hacienda (o su delegado)
- Tres miembros independientes del sector privado de "libre designación por parte del Gobernador"
Además, el parágrafo 1 de dicho artículo protege a estos miembros privados con un periodo fijo de cuatro años, estableciendo que el Gobernador solo podrá removerlos una vez haya transcurrido un año completo desde su posesión.
La defensa de la Gobernación
Frente a la creciente controversia, la Gobernación de Antioquia ha rechazado tajantemente las acusaciones de privatización. Desde la administración departamental argumentan que el ordenamiento jurídico colombiano permite la participación de particulares en juntas de entidades descentralizadas para aportar conocimiento técnico, académico y científico, sin que esto implique una transferencia de propiedad.
Las autoridades enfatizan que la privatización solo ocurre cuando el patrimonio público pasa efectivamente a manos privadas, situación que según ellos no se presenta en este proyecto. Defienden la modificación como un simple "ajuste en el gobierno corporativo" destinado a hacer la empresa más competitiva y eficiente.
La Gobernación ha hecho un llamado para que el análisis se realice desde la legalidad y la transparencia, alejándose de lo que consideran "interpretaciones equivocadas o coyunturales" que podrían desinformar a la opinión pública.
Un debate con profundas implicaciones
Este enfrentamiento político pone en evidencia las tensiones entre modernización administrativa y protección del patrimonio público. Mientras los diputados opositores ven en la medida un intento de entregar el control estratégico de una empresa que genera recursos vitales para el departamento, la administración actual insiste en que se trata de una actualización necesaria para mejorar la gestión.
El desenlace de este debate legislativo determinará no solo la composición de la junta directiva de la FLA, sino también el modelo de gestión que regirá una de las empresas públicas más importantes de Antioquia en los próximos años, con implicaciones directas en los recursos que financian servicios esenciales para la población.
