Un reciente estudio de Paul Collier para el Banco Mundial presenta un diagnóstico preocupante sobre la calidad de vida en Colombia, producto de un desarrollo económico insuficiente y sesgado. El informe, titulado Colombia: Disparidades Regionales y el camino hacia la integración, debería ser examinado por todos los actores políticos y sociales del país.
Colombia, entre los países más desiguales del mundo
El estudio señala que diversos indicadores ubican a Colombia entre las naciones con mayor desigualdad a nivel global, tanto en lo económico como en lo social. La magnitud de las necesidades básicas insatisfechas varía significativamente a lo largo del territorio nacional. Colombia presenta el coeficiente de Gini más alto de América Latina y, junto con México, la mayor disparidad en las tasas de pobreza entre sus departamentos más ricos y más pobres dentro de los países de la OCDE. La desigualdad en el acceso a servicios básicos genera profundas diferencias en los resultados educativos y de salud, lo que impide una verdadera igualdad de oportunidades. La diferencia en el PIB per cápita entre los departamentos más avanzados y los más rezagados es la más amplia de América Latina y el Caribe.
Datos que reflejan la cruda realidad
Los datos evidencian la crudeza de la realidad nacional. El porcentaje de hogares considerados pobres alcanza el 57 % en el Atlántico, 10 puntos por encima del promedio nacional. En Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre, la cifra asciende al 66 %, mientras que en Córdoba y La Guajira oscila entre el 70 % y el 80 %. Incluso el departamento más rico de la región, con Barranquilla a la cabeza, no escapa de la pobreza endémica que afecta al resto de unidades territoriales. María Claudia Lacouture señala que se requieren soluciones en servicios públicos, orden urbano, empleo precario, seguridad cotidiana, obras, cumplimiento y empatía social.
Impacto político de la desigualdad
Este complejo panorama favoreció el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones de 2022 y sigue vigente para los próximos comicios. Iván Cepeda, en su documento programático, anuncia que su prioridad será combatir la corrupción. Propone una revolución ética que enfrente la corrupción y reconstruya la moral pública; una revolución social que supere la pobreza y garantice derechos; una revolución territorial que reconozca la riqueza humana y natural de los territorios; y una revolución política y democrática que amplíe la participación ciudadana y fortalezca el poder del pueblo. Esto parece una crítica al gobierno de Gustavo Petro por no haber implementado una política eficaz contra la corrupción endémica ni haber reducido las divergencias regionales.
Críticas y perspectivas electorales
Cepeda agrega que hemos terminado por aceptar los peores crímenes y normalizar la corrupción, permitir el predominio del odio, ceder con abyección ante la dominación y destruir la ética pública. Sin embargo, este balance parece equivocado para un país vasto y predominantemente urbano que ha logrado avances económicos y se ha vuelto más pluralista, hasta el punto de elegir un gobierno progresista cuyo partido está a punto de continuar con el control político. El sistema bipartidista que predominó durante 70 años perdió el poder por su fracaso en atender las necesidades del pueblo. La combinación de generosos subsidios a adultos mayores y jóvenes, aumentos salariales desmedidos y el financiamiento de cientos de miles de activistas le otorgó al Pacto Histórico una ventaja difícil de disputar, dada la desorganización de los partidos tradicionales, la ausencia de figuras carismáticas y la incapacidad de Paloma Valencia para presentar propuestas que aglutinen los intereses de las mayorías. Así, es probable que tengamos otros cuatro años de Pacto Histórico en el poder, con un líder más cerebral y serio, menos histriónico que el actual. No obstante, el autor no votará por él, pues promete más confrontación y el estallido de la bomba fiscal heredada de Petro.
