A menos de tres semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, la preocupación por el orden público y las amenazas contra candidatos y sus equipos de campaña se intensifica. En una carta dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Prada advierte que “la crítica situación de orden público que atraviesa el país” afecta “de manera directa la posibilidad real de que los ciudadanos ejerzan su derecho fundamental al sufragio”.
386 municipios en riesgo y 139 en riesgo extremo
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 386 municipios están en riesgo de sufrir hechos de violencia, lo que representa el 34,4% de los municipios del país. De ellos, 139 se encuentran en riesgo extremo, con mayor incidencia en Antioquia y Cauca. Como parte de la estrategia de seguridad para “blindar” los comicios, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos por información que permita evitar cualquier ataque contra los candidatos. No obstante, se han registrado al menos 23 amenazas en contra de los aspirantes a la Presidencia.
¿Qué ha pasado con las amenazas y cómo avanza el Plan Democracia?
El gerente del Plan Democracia, Óscar Rico, informó que las autoridades han avanzado en la protección de los candidatos tras el reporte de 23 amenazas: “Hay información de posibles afectaciones a la integridad de los mismos. Ya tienen noticia criminal y se ha mirado la seguridad de los candidatos en aeropuertos, terminales y desplazamientos en vías rurales”. Además, 47 municipios han sido priorizados para el control del orden público. Según el general Rico, se han identificado “242 puntos microfocalizados, especialmente en zona rural. Es decir, que cada uno de estos municipios puede tener entre cinco y tres puntos microfocalizados, donde se presentaron hechos con afectación al certamen electoral”.
Las autoridades continúan trabajando en el Plan Democracia para garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales de 2026, mientras la comunidad política y electoral sigue de cerca la evolución de las amenazas y los riesgos identificados.
