Panorama crítico de seguridad electoral en Colombia
A menos de setenta y dos horas de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas programadas para el domingo 8 de marzo de 2026, la violencia política en Colombia ha escalado de manera alarmante en diversas regiones del territorio nacional. La Defensoría del Pueblo ha emitido un boletín especial donde documenta al menos cuatro incidentes graves ocurridos en un período no mayor a veinticuatro horas, evidenciando riesgos concretos para la integridad de los actores del proceso democrático.
Hechos violentos registrados en las últimas horas
Según el detallado informe del organismo defensor, los eventos incluyen un homicidio directamente vinculado a una campaña política, específicamente contra un trabajador de la campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático Manuel Pérez, en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca. Además, se han producido dos ataques armados contra vehículos de candidatos: uno contra el vehículo del aspirante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Montes de María, Gerardo Luis Ruiz, en Sucre; y otro contra el vehículo de la candidata a la Cámara por la Alianza Social Independiente María Bolívar, en el departamento del Atlántico.
Completa este sombrío panorama el incendio intencional del vehículo de campaña del candidato a la Cámara por el Centro Democrático Mauricio Matri, ocurrido en el municipio de Piedecuesta, departamento de Santander. Estos actos, en conjunto, reflejan una situación profundamente preocupante que amenaza la normalidad del proceso electoral.
Contexto nacional de violencia política en 2026
El Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo ha registrado hechos de violencia política en lo que va del año 2026 en veintiún municipios distribuidos en doce departamentos: Atlántico, Cesar, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Meta y Huila. La capital del país, Bogotá, presenta una situación particularmente delicada, con treinta y cinco eventos documentados.
Un análisis de estos incidentes en Bogotá revela que el 34% se originaron por violencia dirigida contra la oposición política; el 23% por polarización y agresiones motivadas por diferencias ideológicas; el 17% están relacionados con conflictos alrededor de las listas de candidatos; y el 14% corresponden a situaciones que restringen el derecho fundamental a elegir o ser elegido.
Llamado urgente a las autoridades y grupos armados
Ante esta escalada, la Defensoría del Pueblo ha reforzado su llamado urgente al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales, a la Fuerza Pública y a la Unidad Nacional de Protección, exigiendo la adopción de medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad física de los candidatos, sus equipos de campaña y las comunidades en general durante estos días críticos previos a la jornada electoral.
De manera paralela, el organismo hace un enérgico llamado a los grupos armados ilegales que operan en el país, instándolos a respetar el proceso democrático y a abstenerse de realizar cualquier acción que ponga en riesgo la vida, la integridad personal y los derechos políticos de todas las personas que participan en este evento electoral.
La Defensoría subraya que la protección del proceso electoral es una responsabilidad compartida y fundamental para la preservación de la democracia en Colombia, especialmente en un contexto donde la violencia busca silenciar voces y coartar la libre participación ciudadana.
