Ultimátum judicial al CNE por presunto desacato en caso de trashumancia electoral
El Tribunal Administrativo del Meta ha emitido un contundente ultimátum a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por presunto desacato previo a las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo. A través del Auto Interlocutorio N° 082, el alto tribunal exige explicaciones inmediatas sobre lo que organizaciones sociales califican como un "incumplimiento simulado" de una orden constitucional.
Origen de la controversia electoral
La controversia se originó tras un fallo de tutela emitido el 3 de marzo de 2026, donde el Tribunal amparó los derechos fundamentales al debido proceso electoral y la participación política de un grupo de mujeres representadas por la Asociación Red de Mujeres Vereda La Y (ASOYERURAL). El llamado judicial era claro: el CNE debía proferir una decisión de fondo sobre un presunto caso de inscripción irregular de cédulas —fenómeno conocido como trashumancia electoral— en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7 (CITREP 7).
El auto establecía un plazo perentorio de 48 horas al CNE para investigar y darle claridad al país sobre el posible fraude electoral. Sin embargo, el 6 de marzo, la asociación demandante radicó un incidente de desacato denunciando una maniobra evasiva por parte del órgano electoral.
Acusaciones específicas contra el CNE
Según las organizaciones denunciantes, el CNE expidió un acto administrativo que simula cumplir la orden judicial, pero en la práctica se declaró incompetente para investigar la trashumancia en elecciones nacionales. Además, evitó decidir sobre la inscripción irregular de las cédulas cuestionadas y permitió que los ciudadanos señalados ejerzan el voto sin depurar el censo electoral.
Estas irregularidades habrían propiciado directamente la elección de Alejandro Castillo, quien se quedó con la curul de paz de la CITREP 7. Castillo es hermano del contratista de una megaobra hospitalaria que, según órganos de control, ha sido pagada en más del 90% pero presenta un avance inferior al 10%.
Respuesta del CNE y requerimientos judiciales
Por su parte, el apoderado del CNE sostuvo que la entidad dio cumplimiento al fallo mediante la Resolución de Sala Plena nro. 1392 del 5 de marzo de 2026. No obstante, el Tribunal solicita las aclaraciones de voto de los magistrados Álvaro Echeverry y Benjamín Ortiz, así como el salvamento de voto de la magistrada Fabiola Márquez, lo que sugiere una falta de consenso interno sobre la legalidad de lo actuado.
El magistrado ponente, Carlos Enrique Ardila Obando, estableció una hoja de ruta contundente:
- Los magistrados del CNE tienen un término de dos días para pronunciarse sobre los cuestionamientos de las víctimas en el Meta
- Deben demostrar que no han desobedecido al juez constitucional
- El Tribunal ha ordenado al CNE y a la Registraduría Nacional la entrega del archivo técnico de las inscripciones 2026 CITREP7
Consecuencias potenciales del desacato
Según el alto Tribunal, de no atenderse estos requerimientos, se procederá con la apertura formal del incidente de desacato, lo que podría derivar en multas e incluso arrestos para los altos dignatarios del CNE. La providencia judicial advierte claramente que, de no atender el llamado, se avanzará con el proceso de desacato.
Investigación ampliada a la Registraduría Nacional
El Tribunal también ha puesto la lupa sobre la Registraduría Nacional, exigiendo claridad sobre si se realizó el cruce de información solicitado desde octubre de 2025 o si hubo omisiones deliberadas en la entrega de datos al CNE. Este archivo técnico, enviado originalmente en noviembre de 2025, podría contener la "prueba reina" sobre las irregularidades en el censo electoral.
Este episodio jurídico pone de relieve la tensión entre la justicia administrativa y los órganos de control electoral, en un caso donde los derechos de las víctimas y la transparencia de las Curules de Paz están en el centro del debate democrático colombiano. La situación se desarrolla en paralelo a investigaciones del Ejército sobre enfrentamientos entre disidencias guerrilleras en zonas rurales de El Retorno, Guaviare.
