Justicia electoral exige acción inmediata ante presunto fraude masivo en curules de paz
En un fallo de tutela que marca un precedente en la defensa de los procesos electorales, el Tribunal Administrativo del Meta ha emitido una orden perentoria al Consejo Nacional Electoral (CNE), otorgándole un plazo máximo de 48 horas para pronunciarse sobre las graves denuncias de trashumancia electoral masiva en el departamento del Guaviare. La decisión judicial busca proteger la integridad de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas exclusivamente para dar representación política a las víctimas del conflicto armado.
Incrementos censales alarmantes y traslados sospechosos
La sentencia, que ampara integralmente los derechos de la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda la Y (ASOYERURAL), revela cifras que han encendido las alarmas en la justicia colombiana. Según las denuncias presentadas, se han registrado incrementos desproporcionados en el censo electoral rural, con casos que superan el 1.540% de crecimiento en apenas cuatro años.
Los ejemplos más contundentes se encuentran en:
- Agua Bonita (San José del Guaviare): El número de inscritos pasó de 170 en 2022 a 2.789 en 2026.
- Tierra Alta (El Retorno): El censo electoral saltó de 268 a 743 votantes en el mismo período.
La asociación de mujeres rurales denuncia un presunto traslado masivo de funcionarios públicos desde la Gobernación del Guaviare, la empresa Energuaviare y las alcaldías de San José, El Retorno y Calamar hacia puestos de votación rurales, con el objetivo aparente de inscribir cédulas de manera irregular y alterar la composición del electorado.
Puntos críticos identificados y mandatos judiciales
El magistrado ponente Carlos Enrique Ardila ha identificado varios escenarios potenciales de fraude electoral que requieren atención inmediata:
- Las sedes Santo Domingo y Rafael Pombo de la Institución Educativa Agua Bonita.
- La Institución Educativa Puerto Arturo.
- Los sectores de San Isidro Uno y Cerritos.
El fallo judicial no solo reconoce la vulneración al debido proceso y al principio de igualdad, sino que establece una serie de mandatos concretos:
- El CNE debe resolver el complejo entramado de inscripciones irregulares en la CITREP 7 dentro del plazo establecido.
- La Registraduría Nacional debe proceder conforme a lo decidido por el CNE y publicar las decisiones de manera transparente.
- La Procuraduría General de la Nación queda designada como verificador oficial del proceso.
- El Ministerio Público deberá vigilar el cumplimiento de la depuración del censo antes de la apertura de las mesas de votación.
Carrera contra el tiempo en vísperas electorales
La justicia ha sido enfática en señalar que la proximidad de los comicios del 8 de marzo no puede ser excusa para la inacción o el silencio administrativo. El Tribunal ha ordenado que, incluso si los términos legales de la Resolución 7671 de 2021 superaran la fecha de las elecciones, el procedimiento de depuración debe culminar y publicarse de manera inmediata.
"Hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cédula y así favorecer a un candidato", señala uno de los apartes de la denuncia ciudadana que hoy sustenta el fallo judicial. Esta batalla legal, liderada por mujeres rurales, pone en evidencia la fragilidad de las circunscripciones especiales y el riesgo de que sean cooptadas por maquinarias políticas tradicionales.
Consecuencias y próximos pasos
El magistrado Ardila ha recordado que el CNE tiene un proceso administrativo abierto desde octubre de 2025 sobre este caso, y que ahora cuenta con solo dos días hábiles para emitir una decisión de fondo. Si el fallo no es impugnado, el expediente viajará directamente a la Corte Constitucional para su revisión, en un proceso que podría establecer jurisprudencia sobre la protección de las curules de paz.
En las calles de San José del Guaviare y El Retorno, la carrera es contra el tiempo para limpiar unas elecciones que, a horas de la jornada democrática, caminan bajo la sombra de la sospecha. La trashumancia electoral, más conocida como 'trasteo de votos', no solo constituye un delito penal en Colombia que socava la representatividad, sino que en el caso de las CITREP representa un daño doble: se defrauda el sistema electoral y se revictimiza a quienes esperaron décadas para tener un espacio propio en el Congreso de la República.
