Petro advierte sobre riesgo de fraude electoral y denuncia monopolio privado en escrutinio
A solo una semana de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas programadas para el 8 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro ha lanzado una severa advertencia sobre lo que considera un riesgo latente de fraude electoral en Colombia. A través de extensas publicaciones en su cuenta de X, el mandatario cuestionó duramente el modelo de gestión del sistema de escrutinio y denunció la persistencia de un esquema privado que, según su perspectiva, compromete gravemente la transparencia del proceso democrático.
Incumplimiento de orden judicial desde 2018
El jefe de Estado reveló que, pese a existir una orden del Consejo de Estado desde 2018 que obliga a la organización electoral a contar con un software propio, auditable y bajo control estatal, esta disposición no se ha cumplido. Petro citó específicamente las sentencias 2014-00117 y 2014-00109-00, en las cuales -según sus afirmaciones- se documentaron irregularidades significativas en comicios anteriores, incluyendo:
- Sabotaje de 1.412 mesas electorales
- Exclusión de 236.523 votos válidos
- Pérdida de tres curules debido a manipulaciones tecnológicas
"Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinio desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección", escribió el presidente, enfatizando que la orden judicial continúa en desacato total.
Monopolio tecnológico en manos privadas
En sus mensajes, Petro dirigió sus cuestionamientos directamente a la firma Thomas Greg and Sons, a la que acusó de ejercer un "monopolio privado tecnológico" sobre las elecciones colombianas. El mandatario proporcionó datos contundentes:
- La empresa ha participado en 26 de los 27 contratos electorales celebrados desde 2007
- Además del proceso electoral, tiene a su cargo la expedición de pasaportes en el país
- Según Petro, esta concentración de funciones vulnera principios constitucionales que prohíben expresamente los monopolios
El presidente detalló que, aunque en 2026 la multinacional Indra estaría encargada únicamente de la sumatoria nacional final de datos, la mayor parte del proceso electoral -incluyendo preconteo, escrutinios locales y departamentales, digitación, consolidación de resultados, logística y kit electoral- seguiría bajo control de Thomas Greg and Sons. En este contexto, afirmó que solo un 15% del fallo del Consejo de Estado se habría cumplido.
Costos exorbitantes y falta de auditoría
Petro también cuestionó severamente los costos asociados a los contratos electorales. Reveló que la última adjudicación a la empresa ascendió a $2,753 billones y que, en total, el Estado ha desembolsado $4,4 billones en contratos electorales desde 2007. Según sus cálculos, los sobrecostos alcanzarían el 300%, generando excedentes cercanos a $1,8 billones. "La Contraloría y la Procuraduría, siempre sin auditar, dan el visto bueno", afirmó categóricamente.
Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente fue la ausencia de auditoría independiente del software electoral. Petro sostuvo que el código fuente solo sería presentado formalmente, pero no examinado por expertos independientes ni por representantes técnicos de los partidos políticos. Además, aseguró que los contratos actuales no especifican acuerdos de nivel de servicio (ANS) y carecen de sanciones claras por fallas técnicas.
Cuestionamiento al preconteo y medidas urgentes
El jefe de Estado también puso en duda la relevancia del preconteo electoral, al que calificó como un proceso opaco que influye decisivamente en la percepción pública de los resultados. "Ha existido siempre una diferencia histórica entre el preconteo y el escrutinio final de alrededor de un millón de votos", señaló, sugiriendo que su eliminación permitiría ahorrar recursos significativos y evitar distorsiones en la interpretación de los resultados.
Finalmente, Petro reveló una estadística alarmante: el 92% de los procesos electorales permanece en manos privadas, advirtiendo que el país depende tecnológicamente de un proveedor sin control estatal efectivo. Como medida inmediata para las próximas elecciones, propuso fortalecer la labor de los testigos electorales y abogados de escrutinio, a quienes calificó como "la última barrera" para garantizar la autenticidad de los resultados.
El presidente concluyó sus declaraciones enfatizando que su advertencia no responde a temores sobre el resultado electoral de su proyecto político, sino a lo que considera un deber constitucional como jefe de Estado de informar sobre uno de los peores riesgos que enfrenta la democracia colombiana en la actualidad.
