ONU emite alerta crítica sobre seguridad electoral en Colombia ante próximos comicios
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha emitido una advertencia extremadamente delicada sobre la situación de seguridad electoral en el país, identificando 185 municipios con riesgo extremo debido a la influencia de grupos criminales y armados ilegales. Este preocupante panorama se presenta a pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026, donde la violencia política ha registrado un aumento del 92% en comparación con los comicios de 2022, según los informes internacionales más recientes.
Zonas críticas y departamentos más afectados por la violencia electoral
El informe de la ONU, que será presentado formalmente ante el Consejo de Seguridad el próximo 21 de abril, destaca que 94 municipios enfrentan riesgo extremo, una cifra que prácticamente duplica la registrada en el proceso electoral anterior. Las regiones más golpeadas corresponden principalmente a zonas rurales y territorios históricamente afectados por el conflicto armado, donde la presencia institucional del Estado sigue siendo limitada.
Los departamentos con mayor concentración de municipios en situación crítica son:
- Cauca: 17 municipios en riesgo extremo
- Antioquia: 11 municipios afectados
- Tolima: 11 municipios vulnerables
- Huila: 10 municipios bajo amenaza
- Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca: 8 municipios cada uno
Aumento alarmante de la violencia política y electoral
La Fundación Paz y Reconciliación documentó 164 hechos de violencia político-electoral entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con un total de 202 víctimas directas. De estas víctimas, 134 fueron objeto de amenazas, confirmando que la intimidación constituye la principal modalidad de violencia registrada. Lamentablemente, 20 personas fueron asesinadas, incluyendo al precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó 435 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales durante el mismo periodo. Aunque el número total de agresiones disminuyó respecto al proceso electoral anterior, la violencia letal contra líderes políticos aumentó en un 31%, indicando una mayor intensidad en los ataques contra figuras públicas.
Medidas de protección y respuesta institucional
Ante esta crítica situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un paquete integral de medidas de seguridad que incluye:
- Activación de todas las capacidades de inteligencia de la Policía Nacional para rastrear y neutralizar amenazas
- Creación del Comité de Coordinación de Recomendación de Medidas de Protección para candidatos
- Despliegue estratégico de la Fuerza Pública para garantizar corredores viales seguros
- Ofrecimiento de recompensas de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir atentados
Alejandra Barrios, directora de la MOE, enfatizó la gravedad de la situación: "Indiscutiblemente es un tema grave, es un tema delicado. Lamentablemente, este es uno de los aspectos que se veían venir para esta campaña electoral. Aquí debe haber un rechazo categórico. Y obviamente, la Fiscalía tiene que abordar el tema con muchísima rapidez para poder determinar quiénes son los perpetradores de estas amenazas".
Recomendaciones de la ONU y llamado a la acción
La Misión de Verificación de la ONU hizo un llamado urgente para garantizar condiciones electorales seguras, solicitando:
- Protección plena para candidatos, votantes y funcionarios electorales
- Campañas políticas libres de violencia, intimidación y estigmatización
- Articulación efectiva entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fuerza Pública
- Respuesta judicial rápida y efectiva contra los perpetradores de violencia política
El informe destaca que el riesgo electoral no distingue partidos ni ideologías, afectando por igual a candidatos de diversas tendencias políticas en todo el territorio nacional. La situación se ha visto agravada por el incremento en secuestros y ataques contra la infraestructura vial durante el periodo analizado, lo que complica aún más el desarrollo de campañas políticas y el ejercicio del derecho al voto en condiciones de seguridad.
