Curules de paz enfrentan su última elección en medio de violencia y riesgos climáticos
Curules de paz: última elección con violencia y riesgos

Curules de paz: el desafío final de una apuesta histórica

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), creadas en 2016 como mecanismo de reparación colectiva para las víctimas del conflicto armado, enfrentan su última elección este domingo 8 de marzo. Las 16 curules, concebidas para garantizar representación política a quienes sufrieron la guerra, llegan a este momento crucial bajo un panorama complejo que combina múltiples amenazas.

Presencia armada masiva en territorios de votación

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha entregado el diagnóstico más contundente: en el 96,8% de los municipios donde se votará por las curules de paz hay presencia de actores armados. Esta cifra corresponde a 168 municipios agrupados en las 16 circunscripciones, territorios priorizados por haber sido los más golpeados por el conflicto.

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, explica la situación: "Ante el vacío de poder que deja la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, lamentablemente lo que encontramos es una fragmentación de distintos actores armados en territorio. Ya no hablamos de una sola disidencia, sino que tenemos al menos cuatro estructuras disidentes en este momento".

Entre los grupos identificados se encuentran la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidencia de Walter Mendoza), el Estado Mayor de Bloques y Frente (comandada por Calarcá Córdoba), el Estado Mayor Central (de Iván Mordisco) y la Segunda Marquetalia (de Iván Márquez), además del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo).

Economías ilegales y superposición de riesgos

La MOE encontró una preocupante superposición entre municipios con alta concentración de cultivos ilícitos y riesgo electoral extremo, particularmente en zonas como Guaviare y Meta. Sin embargo, el fenómeno no se limita a la coca, sino que se extiende a otras economías ilegales como la extracción de oro, que al insertarse en algún punto de la cadena legal facilita la circulación de dinero.

"Hoy ya tenemos que hablar de economías atadas a la extracción de minerales, no solamente oro, el tráfico de migrantes, el robo o contrabando de combustibles cuando estamos hablando de zonas de oleoducto, de zonas de frontera", explicó Rubiano. "Como el oro en algún momento se vuelve legal en un anillo, una cadena, por decirlo de manera muy coloquial, es más fácil pasarlo como legal, lo que no pasa con la coca".

En el sur de Bolívar, por ejemplo, la Serranía de San Lucas concentra disputas por el control de minería aurífera. Precisamente allí, este fin de semana ocurrió un ataque con drones cargados con explosivos contra la base militar de San Lucas, en zona rural del municipio de Montecristo, que dejó 12 militares heridos. El ataque fue atribuido a presuntos integrantes del ELN.

Riesgos de fraude y violencia política

El informe de la MOE advierte que en 103 de los 168 municipios coinciden elementos de preocupación tanto de fraude electoral como de violencia. "Encontramos que, de los 168 municipios, en 103 hay factores indicativos tanto de fraude electoral como factores de violencia", señaló Rubiano.

En materia de fraude, la preocupación no se limita a compra de votos o trashumancia, sino a condiciones estructurales. "Hallamos municipios en donde el promedio de votos nulos es cerca de 10 puntos porcentuales por encima de lo que ocurre a nivel nacional", explicó. Esto refleja también varias faltas en la pedagogía electoral y el acceso a información.

A esto se suman alertas por inscripción atípica de cédulas en los puestos rurales de las curules de paz. En Tumaco, por ejemplo, se pasó de unas 7.000 inscripciones rurales en 2022 a 16.000 en 2026, un aumento del 107%. Para la MOE, estos movimientos pueden indicar intentos de incidir en una circunscripción que ya de por sí tiene un bajo umbral electoral.

En contraste, en el Catatumbo el desplazamiento por la crisis humanitaria —la peor que ha vivido el país en las últimas dos décadas— redujo el censo electoral, lo que también es un detrimento para la democracia. "Al reducir los censos electorales de una circunscripción que ya en sí misma es de una baja votación —porque estamos hablando de representantes que se escogen con menos votos incluso que en una circunscripción especial indígena o afrodescendiente— la posibilidad de hacer mucho más fácil la manipulación es muy alta", señaló Rubiano.

Emergencia climática y financiación tardía

El componente climático podría alterar de forma significativa la jornada electoral. Según la MOE, que se basa en el monitoreo de alertas del IDEAM, tres circunscripciones están en alerta máxima: Chocó, sur de Bolívar y sur de Córdoba. "Tenemos el 100% de los puestos de votación para esas curules de paz afectados", señaló Rubiano.

Esto implica posibles traslados de puestos, dificultades para transportar material electoral y mayores costos para votantes. La financiación es otro punto crítico. Las curules dependen principalmente de recursos estatales anticipados, pero la resolución del Consejo Nacional Electoral que autorizó el giro salió apenas semanas antes de la elección.

El balance de una apuesta histórica

Con siete congresistas buscando reelección y discusiones sobre una eventual prórroga del mecanismo —en paralelo a la extensión de los PDET por diez años—, la elección de 2026 no solo definirá nombres, sino el balance de una de las apuestas más significativas del Acuerdo de Paz.

El desafío no es menor porque se trata de garantizar que, en territorios donde la guerra persiste y las economías ilegales se expanden, la representación de las víctimas no quede atrapada entre armas, irregularidades y emergencias. La pregunta de fondo es si el Estado logrará blindar este mecanismo de reparación política en su última cita con las urnas.

Las curules de paz fueron concebidas como un mecanismo de reparación colectiva, pero el contexto actual contradice en muchos aspectos el espíritu del Acuerdo de Paz firmado con las FARC. "Tenemos unos retrasos importantes en la implementación del Acuerdo de Paz", reconoció Rubiano, destacando la complejidad del momento electoral.