Tensión electoral se intensifica con denuncias ante organismos internacionales
A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, la campaña política ha tomado un giro dramático hacia el escenario internacional. Los candidatos de oposición, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, han presentado solicitudes de urgencia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Estados Unidos, denunciando presuntas interceptaciones ilegales y coacción armada que, según ellos, comprometen seriamente la transparencia del proceso electoral.
Paloma Valencia: "La Paz Total fortalece la coacción"
La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia envió un extenso documento a la comunidad internacional donde advierte que la política de seguridad del presidente Gustavo Petro ha dejado a los votantes en los territorios a merced de grupos criminales. Valencia argumenta que la suspensión de órdenes de captura contra "23 bandidos" busca presionar el voto en favor del candidato oficialista, Iván Cepeda.
Para sustentar sus denuncias, la candidata presentó cifras alarmantes sobre la situación de seguridad en el país:
- Secuestro: Un incremento del 336% durante el actual Gobierno, con 698 casos en 2025, la cifra más alta desde 2006.
- Terrorismo: Un aumento del 119% respecto a 2021.
- Pie de fuerza criminal: Colombia cuenta actualmente con 27.000 hombres en armas, sumando 5.000 nuevos integrantes solo en el último año.
"Este Gobierno le entregó el país a la criminalidad. Las poblaciones controladas por estas organizaciones no gozan de libertad de voto", sentenció Valencia en su documento dirigido a la ONU, la CIDH y el Departamento de Estado de EE.UU., solicitando un "acompañamiento especial para garantizar unas elecciones libres".
Abelardo de la Espriella denuncia "sicariato digital"
Por su parte, el candidato Abelardo de la Espriella anunció que acudirá a la Unión Europea y a las autoridades americanas para denunciar lo que califica como una persecución política sistemática. De la Espriella asegura ser víctima de interceptaciones ilegales (conocidas coloquialmente como "chuzadas"), montajes judiciales y campañas de desprestigio dirigidas desde el Ejecutivo.
"No te equivoques, Petro. Voy a denunciar tu persecución ante el gobierno americano y la Unión Europea", afirmó el aspirante presidencial, quien sostiene que estas acciones son una respuesta al miedo del Gobierno por su crecimiento en las encuestas de opinión.
El fantasma de la falta de garantías electorales
Ambos candidatos coinciden en que el panorama actual de seguridad ha retrocedido al país dos décadas en materia de garantías democráticas, lo que imposibilitaría la realización de elecciones libres en las zonas rurales. Mientras la comunidad internacional recibe estas peticiones, en Colombia crece la incertidumbre sobre cómo se blindarán las urnas frente a la influencia de los grupos armados y el presunto uso del aparato estatal para fines electorales.
Cabe destacar que, según la legislación colombiana, para que una autoridad realice interceptaciones legales se necesita una orden judicial que autorice -en medio de un proceso- las escuchas con el amparo de la Ley, evitando así incurrir en irregularidades. Esta precisión legal cobra especial relevancia en el contexto de las denuncias presentadas por los candidatos de oposición.
La situación ha generado un clima de tensión política sin precedentes en la recta final de la campaña presidencial, con llamados internacionales que podrían marcar el desarrollo de los comicios del próximo 31 de mayo.
