Procuraduría emite alertas críticas sobre proceso electoral de curules de paz en Guaviare
A menos de dos semanas de las elecciones para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, la Procuraduría General de la Nación ha centrado su atención en el departamento del Guaviare, generando dos alertas fundamentales: una sobre posibles irregularidades en el censo electoral y otra sobre las condiciones de seguridad para ejercer el voto libremente.
Presunta trashumancia electoral en puestos rurales
El Ministerio Público remitió al Consejo Nacional Electoral información detallada sobre lo que podría constituir una práctica de trashumancia electoral en el Guaviare. Según los reportes, se estarían registrando incrementos atípicos y sospechosos en la inscripción de cédulas en varios puestos de votación rurales ubicados en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, todos dentro de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7.
La Procuraduría proporcionó un ejemplo concreto que ilustra la magnitud de estas variaciones: en el puesto de votación Institución Educativa Agua Bonita SD Bocas Sto Domingo, ubicado en San José del Guaviare, se habría registrado un incremento extraordinario de 2.375 inscritos comparado con el censo electoral del año 2023. La entidad señaló que situaciones similares estarían ocurriendo en otros puntos de votación dentro de la misma región.
Esta preocupación se ve reforzada por una tutela admitida por un tribunal, citada por el diario El Tiempo, que describe aumentos igualmente llamativos en puestos rurales. Según este documento, en Agua Bonita el censo electoral habría experimentado una variación dramática, pasando de apenas 170 inscritos en el año 2022 a la cifra extraordinaria de 2.789 inscritos para el proceso electoral de 2026.
Falta de garantías para el voto libre en vereda La Paz
En un segundo frente de alerta, la Procuraduría identificó problemas específicos de seguridad que podrían comprometer la libertad del sufragio. La entidad ubicó el foco de preocupación en la vereda La Paz, zona rural del municipio de El Retorno, donde advirtió la ausencia de condiciones mínimas de seguridad que garantizarían que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni temores.
El comunicado oficial menciona que se han establecido compromisos de colaboración con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. El objetivo de estas alianzas es buscar una intermediación efectiva con las comunidades locales y asegurar que se mantengan condiciones básicas para el desarrollo de la jornada electoral.
El detalle operativo como factor determinante
La discusión de fondo sobre estas elecciones es particularmente sensible debido a las características especiales de las curules de paz. La votación se realiza exclusivamente en puestos rurales, excluyendo completamente los ubicados en cabeceras municipales, lo que convierte en factor determinante la inscripción de cada ciudadano y el puesto específico donde queda registrado.
Cuando el censo electoral experimenta cambios abruptos e inexplicables en estas circunstancias, las alarmas institucionales dejan de ser retóricas para convertirse en señales concretas de posibles irregularidades que podrían afectar la legitimidad del proceso.
Próximos pasos y responsabilidades institucionales
La responsabilidad inmediata recae ahora sobre el Consejo Nacional Electoral, que debe valorar cuidadosamente la información remitida por la Procuraduría y tomar decisiones dentro del marco de sus competencias legales. Estas determinaciones podrían incluir revisiones de inscripciones cuestionadas y medidas para garantizar la transparencia del proceso, todo ello en el contexto de unas elecciones programadas para el 8 de marzo de 2026.
En la práctica, el mensaje institucional es claro y contundente: en las elecciones de curules de paz, el debate democrático no se juega únicamente en el ámbito de los discursos políticos, sino fundamentalmente en la integridad del registro electoral y en la capacidad real de cada ciudadano para llegar al puesto de votación y ejercer su derecho al sufragio sin miedo, presiones o condicionamientos de ningún tipo.
