Procuraduría fortalece protección a mujeres en política con nueva directiva contra violencia de género
Procuraduría emite directiva para proteger a mujeres en política

Procuraduría General refuerza mecanismos de protección para mujeres en el ámbito político

En el marco de la estrategia de Paz Electoral y ante la proximidad de procesos electorales clave, la Procuraduría General de la Nación ha emitido una directiva institucional que fortalece significativamente la protección de las mujeres que participan en la arena política colombiana. El procurador general, Gregorio Eljach, firmó en febrero de 2026 la Directiva 004, documento que establece lineamientos concretos para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia política contra las mujeres (VPCM).

Instrucciones específicas para funcionarios en todo el territorio nacional

La directriz de siete páginas, dirigida a todos los funcionarios de la Procuraduría en el territorio nacional, enfatiza que las mujeres deben contar con todas las garantías para ejercer sus derechos políticos en un ambiente libre de violencia. El documento señala explícitamente que la entidad, como organismo de control y vigilancia, promoverá como política institucional procesos de formación y sensibilización dirigidos a operadores jurídicos y demás actores institucionales.

Estos procesos estarán orientados específicamente a identificar, prevenir, investigar y sancionar la violencia por razón de género hacia las mujeres que ejercen su derecho a la participación y representación político-electoral o quienes desempeñan funciones públicas.

Canales de atención preferencial y protocolos establecidos

Para recibir quejas por vulneraciones a los derechos políticos de las mujeres, la Procuraduría ha habilitado múltiples canales de atención:

  • En Bogotá se activó un Centro de Atención de Violencias de Género (CAV) ubicado en la Plaza Oruga, con atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • La página web de la Fiscalía General de la Nación también puede recibir denuncias sobre estos temas
  • Se mantienen disponibles líneas telefónicas especializadas para este tipo de casos

Los funcionarios que reciban casos de violencia política contra mujeres deberán otorgarles tratamiento preferencial, registrándolos bajo la categoría específica de violencia contra las mujeres en política. El documento establece que, en caso de advertirse falta de competencia, las peticiones deberán trasladarse a la autoridad competente a más tardar dentro de los 3 días siguientes al recibo, haciendo mención expresa de que la Procuraduría estará vigilante de la oportuna respuesta.

Marco legal y coordinación institucional

La directiva recuerda que, con base en la Ley 2453 de 2025, las mesas directivas de las corporaciones públicas y demás instancias colectivas de participación social ciudadana deben garantizar canales de atención para todas las mujeres en ejercicio o goce de sus derechos políticos, de participación democrática y en condición de funcionarias públicas.

Esto incluye específicamente a aquellas mujeres que integran los equipos de trabajo de personas electas o designadas en cargos de elección popular, ampliando así el espectro de protección más allá de las candidatas y funcionarias electas.

Mecanismos complementarios de denuncia

Además de los canales establecidos por la Procuraduría, la violencia basada en género puede ser reportada ante distintas autoridades, destacándose especialmente la línea de apoyo 155 operada por la Policía Nacional en coordinación con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Este canal de atención funciona las 24 horas del día desde cualquier operador de telefonía en Colombia, proporcionando orientación especializada en temas relacionados con violencia de género. Las autoridades han reiterado que a través de este mecanismo, los colombianos y colombianas pueden recibir atención inmediata y rutas de acción específicas para cada caso.

La emisión de esta directiva ocurre en un contexto político nacional marcado por la proximidad de elecciones al Congreso y a la Presidencia, representando un esfuerzo institucional concreto para garantizar que las mujeres puedan participar en la vida política del país en condiciones de igualdad y seguridad.