Gobierno presenta Plan de Acción de Derechos Humanos con vigencia hasta 2036
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado a conocer el borrador del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNADH), un documento que, de firmarse como decreto, tendría vigencia hasta el año 2036. Esta hoja de ruta, elaborada en colaboración con organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos, abarcaría los próximos dos gobiernos y parte de un tercero, estableciendo una política de Estado de largo plazo.
Una política pública de Estado
Según la justificación gubernamental, "el PNADH se constituye como el instrumento de planificación que articula la acción del Estado en esta materia en el país". Su objetivo general es garantizar la promoción, protección y goce efectivo de los derechos humanos, buscando superar la fragmentación institucional y territorial que ha caracterizado muchos esfuerzos anteriores.
El plan se plantea como una política pública de Estado para el período 2026-2036, orientada a asegurar continuidad, coherencia y sostenibilidad en los esfuerzos institucionales. Este enfoque de largo plazo marca una diferencia significativa respecto a planes anteriores, que solían tener horizontes temporales más cortos.
Los ejes fundamentales del plan
El documento estructura su acción en varios ejes prioritarios:
- Superación de la pobreza: Incluye construcción de infraestructura, erradicación del hambre, reducción de discriminaciones, implementación de programas de alfabetización básica y fortalecimiento de la atención primaria en salud.
- Tenencia de la tierra: Retoma la reforma rural integral prometiendo formalizar 3 millones de hectáreas a campesinos, aunque reconoce que aún faltan más de 2,3 millones de hectáreas por cumplir.
- Fortalecimiento de la justicia: Propone poner en marcha la Jurisdicción Agraria, expandir la presencia judicial en municipios pequeños y medianos, y establecer sistemas de selección de jueces basados en méritos.
- Lucha contra la corrupción: Incluye campañas públicas participativas para transformar percepciones que normalizan la corrupción, utilizando expresiones artísticas y medios comunitarios.
- Reconciliación y construcción de paz: Contempla estrategias para prevenir el reclutamiento forzado de menores, fortalecer autoridades locales, y garantizar protección a poblaciones civiles en territorios con presencia de grupos armados.
Metas específicas y desafíos
Entre las actividades concretas propuestas destacan:
- Diseñar e implementar programas de construcción, ampliación o mejoramiento de infraestructura en centros poblados y zonas rurales dispersas, integrando educación, salud, alimentación y espacios comunitarios.
- Implementar el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en municipios priorizados, aunque este programa ha sido cuestionado por la Contraloría por su baja ejecución (solo 7% de avance frente a meta de 33.000 kilómetros de vías terciarias).
- Crear un sistema integral de indicadores de desempeño y transparencia para evaluar decisiones judiciales y satisfacción de usuarios, con especial atención a poblaciones históricamente discriminadas.
- Aprobar e implementar un nuevo documento CONPES para el Sistema Penitenciario y Carcelario que supere las violaciones de derechos humanos documentadas desde 1998.
- Fortalecer la comprensión del Acuerdo Final de Paz de 2016 mediante trabajo coordinado entre RTVC Sistema de Medios Públicos y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Instituciones responsables y coordinación
El plan asigna responsabilidades específicas a diversas entidades estatales:
Al Consejo Superior de la Judicatura se le encomienda garantizar acceso efectivo a la justicia mediante expansión institucional y sistemas de selección meritocráticos. El Ministerio de Cultura, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y RTVC deben desarrollar campañas contra la corrupción utilizando expresiones artísticas y medios comunitarios.
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos liderará estrategias para prevenir el reclutamiento forzado de menores, mientras el Ministerio de Educación implementará esquemas de ampliación del tiempo escolar para fortalecer entornos protectores. El Ministerio de Defensa debe garantizar protección a población civil en territorios con presencia de grupos armados, evitando declaraciones estigmatizantes.
Un plan ambicioso con desafíos por delante
El Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos representa una apuesta ambiciosa del gobierno Petro por establecer políticas de Estado que trasciendan su mandato. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos, desde la necesidad de aprobación legislativa para la Jurisdicción Agraria hasta la superación de bajas ejecuciones en programas como Caminos Comunitarios de la Paz Total.
La construcción participativa con organizaciones sociales y la visión de largo plazo (hasta 2036) son aspectos innovadores, pero su éxito dependerá de la capacidad de implementación, coordinación interinstitucional y continuidad política en los próximos gobiernos. El documento ahora está sujeto a discusión pública antes de su posible firma como decreto presidencial.
