Ley Jineth Bedoya Lima avanza en el Congreso: capacitación obligatoria en género para funcionarios públicos
En una sesión histórica, la Comisión VII del Senado de la República aprobó en tercer debate el proyecto de ley Jineth Bedoya Lima, un paso crucial para la protección de los derechos de las mujeres en Colombia. Esta iniciativa legislativa establece la obligatoriedad de la capacitación en temas de violencia de género para todos los servidores públicos del país, con el objetivo de transformar la respuesta estatal ante este fenómeno.
Un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El proyecto surge como respuesta directa a una condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano, debido a las fallas en el caso de la periodista Jineth Bedoya. Tras recibir el respaldo unánime de los miembros de la Comisión, la propuesta se dirige ahora hacia su último debate en la plenaria del Senado, donde se decidirá su conversión definitiva en ley de la República.
Jineth Bedoya, actual editora de género del diario El Tiempo, intervino durante la sesión para destacar el impacto personal de estas deficiencias sistémicas. Relató que, a lo largo de 26 años de proceso judicial, se vio obligada a repetir el relato de su tortura y violación en múltiples ocasiones debido a la falta de sensibilidad y formación de los funcionarios a cargo de su caso.
Enfoque en la erradicación de la violencia institucional
La esencia de esta ley radica en el combate a lo que se denomina violencia institucional basada en género. Según explicó la representante Catherine Juvinao, ponente de la iniciativa, este tipo de violencia ocurre cuando las mujeres víctimas de agresiones acuden a las instituciones del Estado en busca de justicia o protección y, en lugar de recibir apoyo adecuado, terminan siendo revictimizadas por los propios funcionarios.
Durante el debate legislativo, se presentaron cifras alarmantes que sustentan la necesidad de la norma. Por ejemplo, el 35,4% de las mujeres víctimas de feminicidio habían pasado previamente por una valoración de Medicina Legal, lo que indica que el Estado tuvo contacto directo con ellas antes del desenlace fatal, pero no logró evitarlo.
Estadísticas que revelan la magnitud del problema
Para contextualizar la gravedad del asunto en Colombia, las ponentes citaron registros correspondientes al año 2025, que incluyen:
- Más de 119 feminicidios.
- 46.000 casos reportados de violencia intrafamiliar.
- 102.000 casos de lesiones no fatales.
La senadora Nadia Blel enfatizó que este proyecto no debe verse solo como el cumplimiento de una condena internacional, sino como un llamado de atención urgente para que el Estado modifique estructuralmente la manera en que aborda la violencia contra la población femenina.
Problemáticas internas en la administración pública
La Ley Jineth Bedoya Lima también pretende incidir en las dinámicas de poder dentro de las propias entidades estatales. De acuerdo con datos de la Procuraduría citados en el debate, el 92% de las quejas relacionadas con acoso laboral con componente de género no llegan a la etapa de pliego de cargos, y un 88% de estos procesos terminan archivados sin que se imponga sanción alguna.
Estas cifras revelan una estructura jerárquica que, en la práctica, tiende a proteger al agresor mientras aísla a las víctimas. El problema se agrava por el tipo de contratación de muchas de las afectadas, quienes al trabajar bajo la modalidad de prestación de servicios carecen de la estabilidad necesaria para denunciar sin temor a perder su empleo.
Alcance y mecanismos de la ley
A diferencia de otras normativas que proponen protocolos sugeridos, esta ley establece que la formación sea una obligación rigurosa. La senadora Martha Peralta destacó que la ley contempla evaluaciones periódicas para asegurar que la capacitación no sea un trámite meramente administrativo o "de papel", sino que se traduzca en cambios reales en la atención al público.
El alcance de la norma es amplio, pues no solo vincula a los funcionarios de carrera, sino que extiende la obligatoriedad a:
- Contratistas del Estado.
- Particulares que desempeñen funciones públicas relacionadas con la prevención, atención, protección y sanción de violencias de género.
La senadora Norma Hurtado resaltó que este es el primer proyecto en el país que adopta medidas concretas para la no repetición y la protección efectiva de la mujer en escenarios institucionales. Tras la aprobación en este tercer debate, Jineth Bedoya manifestó ante el estrado que la creación de este marco legal de garantías para las mujeres representa, para ella, una forma de obtener justicia.
