Israel legaliza la pena de muerte en casos de terrorismo con fuerte impacto en población palestina
La Knéset, el Parlamento israelí, aprobó este lunes una controvertida reforma legal que permite aplicar la pena de muerte a condenados por asesinatos terroristas. Esta medida, promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, ha generado un amplio rechazo internacional por considerar que viola el derecho internacional y afectará de manera desproporcionada a la población palestina.
Un cambio radical en la legislación israelí
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos excepcionales, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, habiendo aplicado esta condena únicamente una vez en su historia: en 1962 contra Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto. La nueva ley representa un giro significativo en esta política, estableciendo la pena capital como sentencia casi obligatoria para delitos calificados como terroristas.
La aprobación se produjo tras meses de deliberaciones parlamentarias y horas después de que la coalición de Benjamín Netanyahu lograra aprobar in extremis el presupuesto general para 2026, contando finalmente con el apoyo de todos los partidos de la coalición gubernamental.
Aplicación discriminatoria y preocupaciones internacionales
La nueva normativa afectará principalmente a palestinos en Cisjordania ocupada, donde son juzgados por tribunales militares israelíes. Estos tribunales están ahora obligados a imponer la pena de muerte en casos de asesinato terrorista, salvo "circunstancias especiales" no especificadas que podrían justificar cadena perpetua en su lugar.
"Esto es algo extraordinario en la ley israelí", explica Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, quien señala que la legislación dificulta extremadamente que se aplique a ciudadanos israelíes, ya que para ellos se requiere además probar que actuaron con la "finalidad de dañar al Estado de Israel".
Mecanismos de aplicación y limitaciones de derechos
Según la reforma aprobada:
- La sentencia a muerte se aplicará por ahorcamiento en un plazo de 90 días desde la sentencia firme
- Se mantendrá en secreto la identidad de los verdugos
- Los condenados palestinos no podrán recibir conmutación de pena ni indulto por parte del comandante del Ejército israelí
- Las sentencias pueden ser decididas por mayoría simple en lugar de unanimidad
- Los tribunales militares pueden imponer la pena capital aunque no la haya solicitado la Fiscalía
Los tribunales militares que juzgan a palestinos en Cisjordania presentan una tasa de condena que supera el 99%, según datos del Ejército recogidos por el diario Haaretz, lo que limita significativamente las posibilidades de apelación exitosa.
Reacciones y condenas internacionales
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó que Israel no tiene "ninguna soberanía" en los territorios palestinos y acusó que la ley busca "legitimar ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo de una legislación".
Países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron su "profunda preocupación" por un proyecto que puede "socavar los compromisos de Israel con respecto a los principios democráticos".
Amnistía Internacional había instado previamente a los legisladores israelíes a rechazar la ley, argumentando que "permitiría a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte con una aplicación discriminatoria contra los palestinos".
Contexto de detenciones y condiciones carcelarias
La reforma se produce en un contexto ya preocupante de detenciones masivas de palestinos. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, cerca de 100 detenidos palestinos han muerto entre rejas según datos de la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel, una cifra récord que no se actualiza desde hace meses.
Diversas organizaciones no gubernamentales han descrito que muchos de estos fallecimientos aparentemente ocurrieron como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, caracterizando los centros de detención israelíes como "campos de tortura".
Esta ley representa la culminación de políticas impulsadas por el ministro Ben Gvir, denunciadas repetidamente por organizaciones de derechos humanos por la detención masiva de palestinos sin garantías procesales adecuadas y los abusos sistemáticos en las prisiones israelíes.
