Fiscalía reconoce legitimidad del escrache para denuncias de violencia de género
La Fiscalía General de la Nación, bajo el liderazgo de la fiscal general Luz Adriana Camargo, ha emitido una directiva histórica que valida y establece lineamientos claros para investigar las denuncias de violencia basada en género realizadas mediante la práctica conocida como escrache en redes sociales y medios de comunicación.
Un cambio de paradigma en la atención a víctimas
Esta decisión representa un giro significativo en la respuesta institucional frente a las denuncias de violencia de género que han proliferado en plataformas digitales. La directiva define el escrache como "una manifestación individual o colectiva de denuncia o protesta en escenarios públicos, redes sociales o medios de comunicación" donde principalmente mujeres denuncian a personas por presuntos actos de violencia basada en género o violencia sexual.
Según el documento oficial, el escrache constituye un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, con especial atención al interés público y a la función de visibilización de violencias estructurales contra las mujeres, quienes son sujetos de especial protección constitucional.
Protocolos específicos con enfoque de género
La Fiscalía ha establecido procedimientos detallados que sus funcionarios deben implementar al atender casos denunciados mediante esta práctica:
- Análisis con perspectiva de género obligatorio como criterio transversal que permite identificar desigualdades estructurales y relaciones de poder
- Valoración de variables como edad, pertenencia étnica, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y situación migratoria
- Investigaciones libres de juicios valorativos que puedan revictimizar a las denunciantes
- Trámite urgente de todas las investigaciones relacionadas
Un aspecto crucial es que la Fiscalía deberá iniciar investigaciones penales con la información proporcionada en el escrache, sin exigir a las víctimas la presentación formal de una denuncia tradicional. Tampoco podrá rechazar la información por la forma en que se divulgó o porque el relato esté incompleto.
Contexto de denuncias masivas en medios
Esta iniciativa se produce en medio del auge de denuncias en redes sociales impulsadas por los movimientos #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, donde periodistas, presentadoras y redactoras de diversos medios han roto lo que denominan "pactos de silencio" en las redacciones.
El caso más resonante involucró al canal Caracol Televisión, donde fueron señalados los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas por presuntos actos de acoso. La empresa anunció el fin de su relación laboral con ambos y el inicio de una investigación independiente sobre los hechos denunciados.
Mecanismos de seguimiento y protección
Para identificar casos denunciados mediante escrache, la Fiscalía ha dispuesto que las Secciones de Análisis Criminal de las Direcciones Seccionales analicen periódicamente información en redes sociales y medios de comunicación, contrastando estos datos con investigaciones ya existentes.
Previamente, el 24 de marzo, la entidad había creado el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co y constituido un Grupo de Tareas Especiales integrado por fiscales y miembros de policía judicial para trabajar exclusivamente en estos casos con enfoque de género.
Balance entre derechos y responsabilidades
La directiva también aborda las posibles denuncias por injuria y calumnia que puedan presentar presuntos agresores en respuesta al escrache. En estos casos, los fiscales deberán verificar primero si existe una noticia criminal por los hechos de agresión sexual o acoso laboral denunciados.
La Fiscalía enfatiza que las denuncias por injuria o calumnia deben evaluarse con enfoque de género para evitar que tengan un efecto silenciador sobre las víctimas, reconociendo que en muchos casos las denunciantes actúan en ejercicio legítimo de mecanismos de resistencia y autoprotección.
Sin embargo, el documento también establece que el derecho de las víctimas a divulgar debe ejercerse con cuidado y responsabilidad, respetando la presunción de inocencia hasta que se emita una condena. "El enfoque de género y la protección a las víctimas no supone la presunción de veracidad de los hechos denunciados", aclara la directiva, manteniendo la obligación de la Fiscalía de corroborar la información recibida mediante elementos materiales probatorios.
Esta medida institucional representa un avance significativo en el reconocimiento de nuevas formas de denuncia ciudadana, al tiempo que establece salvaguardas para garantizar procesos investigativos rigurosos y respetuosos de los derechos de todas las partes involucradas.
