Denuncia internacional por bloqueos recurrentes en la vía Panamericana
Una acción judicial de carácter internacional fue presentada recientemente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, por parte de ciudadanos y empresarios del departamento del Cauca. Los denunciantes aseguran ser afectados de manera directa por los constantes bloqueos que se presentan en la vía Panamericana, específicamente en el tramo que conecta a Popayán con la ciudad de Cali.
Acción liderada por candidato del Centro Democrático
El dirigente político Juan José Salamanca, candidato al Congreso por el Centro Democrático, confirmó que la denuncia ya fue radicada formalmente ante la instancia internacional. Salamanca explicó que la acción busca analizar las graves consecuencias que estos bloqueos generan en la economía, la movilidad y la seguridad de toda la región caucana.
"Esto es una denuncia, una queja y una petición formal que se hace ante la CIDH. Los procesos ante esa instancia deben tener personas determinadas, afectados directos, y eso es lo que tenemos: empresarios y personas del común que se han visto afectadas por los bloqueos", señaló el líder político durante sus declaraciones.
Detalles del proceso internacional
De acuerdo con Salamanca, el proceso ya fue radicado y actualmente se encuentra en la fase inicial de estudio por parte de la CIDH. Los procedimientos ante esa instancia internacional contemplan un plazo aproximado de entre uno y tres meses para determinar si el caso avanza hacia una etapa formal, en la que las partes involucradas serían citadas a declarar.
"Ya la presentamos y la radicamos. Hay un plazo de uno a tres meses para poder iniciar el proceso y que las partes sean llamadas a la Corte en Washington para declarar dentro de un juicio formal", agregó el dirigente político, quien destacó su compromiso con la región al decidir vivir en Popayán pese a los problemas de movilidad.
Viaje a Estados Unidos para radicar la denuncia
Salamanca reveló que viajó recientemente a Estados Unidos junto con su equipo de trabajo y asesores jurídicos para adelantar la radicación formal de la denuncia. Durante su estadía, sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense en el Departamento de Estado.
"Estuvimos en Estados Unidos con mi equipo jurídico instaurando la denuncia y tuvimos una agenda muy productiva en el Departamento de Estado, donde con argumentos, presentaciones y cifras demostramos cómo los bloqueos afectan al departamento del Cauca", indicó el representante del Centro Democrático.
Respeto al derecho de protesta pero rechazo a los bloqueos
Durante sus declaraciones, Salamanca aclaró que la acción judicial no busca atacar el derecho a la protesta social, el cual, según dijo, debe ser respetado dentro de los marcos constitucionales establecidos.
"Nosotros somos defensores de la protesta pacífica. Cuando la protesta se vuelve bloqueo, pasa de ser pacífica a convertirse en una acción violenta. La protesta está amparada por la Constitución y la protegemos, pero lo que no se puede permitir es que esa protesta termine afectando los derechos de los demás ciudadanos", argumentó el político.
Búsqueda de soluciones estructurales
Según el estratega político, el objetivo fundamental de la denuncia internacional es abrir un debate jurídico que permita encontrar soluciones estructurales a los bloqueos que se presentan de manera recurrente en las carreteras del Cauca.
"Aquí muchos pueden hacer videos cada vez que hay un bloqueo y decir que volvieron a cerrar la carretera, pero lo que nosotros queremos es buscar soluciones reales a un problema real. Necesitamos respuestas concretas y duraderas para el bloqueo permanente de las vías del departamento", agregó Salamanca.
Contexto de los bloqueos recientes
El último de los bloqueos a la vía Panamericana se registró entre los días lunes 2 de marzo y miércoles 4 de marzo, cuando comunidades misak cerraron el paso en el tramo Popayán-Cali. Esta acción generó afectaciones significativas al sistema productivo del departamento, según reportaron comerciantes y gremios económicos de la región.
La denuncia ante la CIDH busca también investigar la posible responsabilidad del Estado colombiano en estos actos que afectan la movilidad y la economía regional. Los denunciantes esperan que la instancia internacional examine si las autoridades nacionales y locales han tomado las medidas adecuadas para garantizar el libre tránsito por esta importante vía de comunicación.
