Fiscalía presenta cargos formales contra cuatro uniformados por muerte de campesino en Bolívar
En un significativo avance para la protección de los derechos humanos en Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha formalizado la acusación penal contra cuatro miembros del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la muerte de un campesino. Los hechos ocurrieron en la zona rural del municipio de Arenal, ubicado en el departamento de Bolívar, durante una operación militar desarrollada en el año 2017.
Los acusados y los hechos investigados
Los imputados por la justicia colombiana son:
- El teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga
- El soldado profesional Alcibiades Machado Herrera
- El soldado profesional Mario Calderón Campos
- El soldado profesional Óscar García
Según la investigación fiscal, estos uniformados pertenecían en aquel momento a un grupo élite de tiradores de alta precisión del Batallón de Acción Directa N.° 1, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional. Su misión consistía en ubicar y capturar a un cabecilla del ELN conocido con el alias de 'Cusi', quien presuntamente se movilizaba por esa región del país.
Los detalles del incidente fatal
Los elementos probatorios recopilados por la Fiscalía detallan que, durante uno de los desplazamientos para cumplir con la operación militar, el teniente Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subalternos interceptar a dos hombres que caminaban por la zona. "Los civiles, contrariados por el procedimiento, salieron corriendo y los uniformados les dispararon con las armas de dotación para evitar la huida", señaló el reporte oficial del ente acusador.
Como consecuencia de este accionar, una de las personas falleció en el lugar, mientras que la otra fue detenida por los militares. La investigación ha establecido que las víctimas no tenían relación alguna con el objetivo militar de la operación, quien se encontraba en otro lugar y fue capturado horas después del incidente.
Violación de protocolos establecidos
La Fiscalía ha precisado que los elementos materiales probatorios evidencian que los uniformados habrían actuado de manera desproporcionada y contraria a los protocolos establecidos para este tipo de operaciones. Entre las irregularidades identificadas se encuentran:
- No adoptaron medidas adecuadas para identificarse plenamente ante los civiles
- No garantizaron que los campesinos entendieran y atendieran la orden de detenerse
- Utilizaron fuerza letal sin agotar previamente medidas menos lesivas
Un fiscal especializado de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ha presentado la acusación formal contra los cuatro procesados por el delito de homicidio en persona protegida. Este caso representa un precedente importante en la aplicación de justicia frente a posibles excesos en operaciones militares en zonas rurales del país.
