Informe internacional señala violaciones sistemáticas de derechos humanos en El Salvador
El gobierno del presidente Nayib Bukele enfrenta graves acusaciones internacionales por presuntas violaciones masivas a los derechos humanos durante el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022. Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Documento revela política estatal en violaciones sistemáticas
El informe fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador. Durante una audiencia pública realizada en Guatemala, los especialistas señalaron que los hechos documentados encajan en la definición de crímenes contra la humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Según el documento presentado ante la CIDH, los casos recopilados apuntan a la existencia de una política de actuación policial y militar que habría sido conocida e incluso promovida por altos niveles del gobierno salvadoreño. Entre las violaciones registradas se incluyen:
- Detenciones arbitrarias masivas
- Desapariciones forzadas documentadas
- Tortura sistemática de detenidos
- Asesinatos bajo custodia estatal
- Otros actos considerados inhumanos bajo el derecho internacional
Cifras alarmantes de violaciones documentadas
De acuerdo con el informe respaldado por organizaciones internacionales de derechos humanos, hasta agosto de 2025 se habían documentado 403 muertes bajo custodia estatal, entre ellas cuatro menores de edad. Además, hasta febrero de 2025 se registraron al menos 540 casos de desaparición forzada vinculados con las detenciones realizadas durante el régimen de excepción.
Los expertos internacionales sostienen que existen "motivos razonables" para creer que se han producido violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco de la estrategia de seguridad contra las pandillas implementada por el gobierno de Bukele.
Respuesta del gobierno salvadoreño y defensa de sus políticas
Por su parte, el Defensor del Pueblo salvadoreño, general René Escobar, rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que el gobierno niega cualquier política de desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias. El funcionario defendió las acciones del gobierno como necesarias para combatir la violencia de las pandillas.
Mientras tanto, el Ejecutivo salvadoreño destaca que los homicidios en el país han caído más del 90% desde que Bukele asumió la presidencia, un dato que el gobierno utiliza como evidencia principal de la efectividad de su política de seguridad. Esta reducción dramática en la tasa de homicidios ha sido el principal argumento del gobierno para justificar las medidas extraordinarias implementadas durante el régimen de excepción.
El informe presentado ante la CIDH representa uno de los cuestionamientos internacionales más severos al gobierno de Bukele, cuya popularidad interna contrasta con las crecientes críticas de organismos internacionales de derechos humanos. La situación continúa generando preocupación en la comunidad internacional sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos fundamentales.
