Jueza mantiene proceso contra Sandra Ortiz por corrupción en la UNGRD
La jueza octava penal especializada de Bogotá desestimó este martes el recurso de preclusión presentado por la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien continúa procesada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Argumentos de la defensa rechazados por la jueza
El abogado defensor Mauricio Camacho Fernández había solicitado la preclusión del proceso argumentando que no existirían pruebas suficientes para sustentar las acusaciones en su contra. Según la defensa, la Fiscalía habría presentado inconsistencias en los hechos investigados, particularmente en lo relacionado con un contrato millonario que, según su versión, no habría ocurrido en las circunstancias descritas por el ente acusador.
Sin embargo, la magistrada determinó en su fallo que "la argumentación planteada es susceptible de valoraciones y análisis de talante subjetivo", añadiendo que no corresponde en esta etapa procesal realizar evaluaciones probatorias exhaustivas. La negativa se extendió tanto para el delito de tráfico de influencias como para el de lavado de activos.
Reacción de la defensa y próximos pasos
Frente a esta decisión, el equipo legal de Ortiz anunció que presentará una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscando revertir el fallo que mantiene vigente el proceso penal. Durante la audiencia virtual transmitida desde el Complejo Judicial de Paloquemao, la exfuncionaria del gobierno Petro manifestó su inconformidad, afirmando que se estarían violando sus derechos fundamentales.
"Cómo quieren que yo me defienda. No es la primera vez que la Fiscalía dice mentiras y trata de engañar a mis jueces. Trayendo pruebas nuevas", declaró Ortiz en su intervención.
Contexto del caso UNGRD
La investigación involucra a Sandra Ortiz en un presunto entramado de corrupción dentro de la UNGRD, donde se le acusa de haber recibido 3.000 millones de pesos para destinarlos como coimas a congresistas. Según las versiones de la Fiscalía, la exconsejera habría entregado estos recursos al entonces presidente del Congreso, Iván Name, aunque la defensa insiste en que los hechos no ocurrieron como se han presentado.
La jueza enfatizó en su decisión que la audiencia de preclusión no puede convertirse en un juicio anticipado, manteniendo así el curso normal del proceso que, según fuentes judiciales, probablemente desemboque en un juicio en las próximas semanas.
Mientras tanto, Sandra Ortiz continúa bajo medida de aseguramiento mientras avanza la investigación, en un caso que ha captado la atención nacional por su vinculación con altos funcionarios y el monto de los recursos públicos presuntamente desviados.
