La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se pronunció sobre el megaoperativo de allanamiento a las tiendas de Lili Pink en toda Colombia, asegurando que acompaña de cerca el proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación. La entidad, encargada de administrar los bienes incautados a la mafia, manifestó su disposición para asumir la custodia de los activos una vez concluyan las diligencias judiciales.
El rol de la SAE en el caso Lili Pink
La SAE explicó que su actuación se enmarca en sus funciones como administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). Esto significa que la entidad gestiona los bienes incautados a organizaciones criminales. Una vez la Fiscalía finalice el proceso de incautación, la SAE asumirá la administración de los bienes objeto de las diligencias, de acuerdo con la normativa vigente.
La entidad detalló que el modelo de administración dependerá de un diagnóstico integral sobre el estado financiero, contable, contractual y laboral de la marca, así como de su capacidad productiva. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de la operación y proteger el valor de los bienes mientras avanza el proceso legal.
Reuniones con el Ministerio del Trabajo
En paralelo, la SAE reveló que ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio del Trabajo para evaluar las condiciones laborales de los empleados de la sociedad y avanzar en medidas que protejan sus derechos. Además, anunció que solicitará el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para verificar el estado actual de la compañía.
Detalles del megaoperativo contra Lili Pink
La cadena de ropa interior femenina Lili Pink ha sido el centro de un megaoperativo de la Fiscalía, que investiga presunto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. Las diligencias se realizaron simultáneamente en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país. Según las autoridades, la investigación apunta a una presunta red transnacional que habría movido más de 730.000 millones de pesos mediante importadoras y comercializadoras de fachada, utilizadas para ingresar mercancía al país con valores subfacturados y luego comercializarla en el mercado formal.
Las pesquisas preliminares indican que la estructura habría usado prendas de vestir y productos cosméticos para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Además del lavado de activos, la Fiscalía investiga un posible enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos y operaciones de contrabando por más de 75.000 millones de pesos.
Medidas cautelares y continuidad de operaciones
Como parte de la operación judicial, un juez ordenó medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, bienes que ahora harán parte del proceso de extinción de dominio. Sin embargo, las tiendas de Lili Pink seguirán operando mientras avanza el proceso. La marca, que lleva más de 20 años en el mercado colombiano y cuenta con más de 500 puntos de venta, pertenece a Fast Moda S.A.S. y se ha consolidado como una de las principales cadenas de ropa interior femenina del país, con presencia en varios mercados de América Latina. Las recientes acciones judiciales ponen en el ojo del huracán a sus dueños y significan un precedente en las investigaciones sobre la industria textil nacional.
