El 12 de mayo se llevó a cabo en Bogotá el lanzamiento del proyecto denominado Prevención y Lucha contra la Corrupción en el Sector Defensa de Colombia, una iniciativa implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que se extenderá durante tres años. Su objetivo principal es fortalecer las capacidades institucionales para anticipar y mitigar riesgos asociados a la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el desvío de armas, explosivos y tecnologías sensibles que benefician al crimen organizado.
Corrupción como facilitadora del crimen
Amado Philip de Andrés, representante regional de la UNODC, señaló que “la corrupción facilita el crimen organizado, habilita el tráfico de armas y debilita la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos”. En su intervención, destacó que la corrupción no es solo una irregularidad administrativa, sino que representa “una expansión operativa del crimen organizado”. De Andrés enfatizó que el verdadero desafío no radica en la falta de normas, ya que Colombia cuenta con una de las legislaciones más robustas en la materia, sino en la implementación efectiva de esas reglas desde un enfoque preventivo estructural y sistémico.
Compromiso del Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la integridad es una condición fundamental para el funcionamiento del sector de seguridad. “Fortalecer la integridad es fortalecer la seguridad. Y fortalecer la seguridad es fortalecer el Estado colombiano”, expresó. Sánchez subrayó que el proyecto no es el punto de partida de una respuesta a una crisis, sino un paso dentro de una marcha que ya comenzó. Informó que el sector defensa alcanzó un 83 % en el Índice Anticorrupción, creó una Junta de Prevención y Lucha contra la Corrupción y ha tramitado más de 400 peticiones, quejas y reclamos relacionadas con presuntos hechos de corrupción. “Este proyecto no sustituye nuestras capacidades, las fortalece”, aseguró.
Apoyo internacional y regional
La embajadora del Reino de los Países Bajos, Reina Buijs, destacó que el proyecto envía un mensaje claro a las organizaciones criminales transnacionales: los Estados de la región están determinados a cerrar las brechas que el crimen organizado intenta aprovechar. Asimismo, transmite a la ciudadanía un mensaje de confianza en las instituciones. Buijs elogió la capacidad de transformación del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares colombianas, señalando que “Colombia ha recorrido un camino extraordinario”.
Articulación interinstitucional
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respaldó la iniciativa y reiteró que la lucha contra la corrupción “no arranca desde la persecución penal, sino desde la prevención”. Indicó que la Fiscalía y el Ministerio de Defensa ya trabajan de manera articulada a través de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA). “Entendemos que es en buena parte el motor que está generando tanta violencia en el país y necesitamos unir esfuerzos para detener ese motor. Cuenten con nosotros”, afirmó.
El Consejo Superior de la Judicatura también expresó su respaldo. El magistrado Jorge Vallejo manifestó interés en aprender de la elaboración del mapa de riesgos territoriales de corrupción, una de las iniciativas del proyecto. “Tanto a las fuerzas militares y de Policía, a la Fiscalía como a la misma judicatura nos interesa mucho tener un mapa que nos permita detectar estos riesgos territoriales en Colombia”, señaló.
Hoja de ruta del proyecto
Andrea Agudelo, coordinadora regional del Área de Corrupción y Delitos Económicos de la UNODC, presentó la hoja de ruta estructurada en cinco líneas estratégicas:
- Sistema integral de prevención de riesgos asociados a corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
- Fortalecimiento de controles frente al desvío de armas, explosivos y tecnologías sensibles como drones.
- Gestión territorial de riesgos en puertos, aeropuertos y fronteras mediante análisis contextual y alertas tempranas.
- Fortalecimiento de la contratación pública a través de herramientas de trazabilidad, debida diligencia y tecnologías avanzadas.
- Promoción del liderazgo ético y gestión de conflictos de interés en el sector defensa.
Agudelo explicó que el propósito es que la información y los análisis producidos se traduzcan en acción institucional efectiva, basada en capacidades especializadas de detección, monitoreo y toma de decisiones.
Modelo de gestión preventiva
Las entidades involucradas coinciden en que la apuesta es avanzar hacia un modelo de gestión preventiva basado en riesgos, análisis estratégico y articulación institucional. Esto permitirá fortalecer los mecanismos de control, anticipar vulnerabilidades y reducir los márgenes de acción de las redes criminales y las economías ilícitas. El proyecto, apoyado por la cooperación internacional, representa una estrategia basada en evidencia y orientada a resultados concretos para fortalecer la integridad y la seguridad en Colombia.
