El empresario colombiano Álex Saab volvió a estar en el centro del debate internacional tras ser deportado desde Venezuela, en medio de nuevas tensiones políticas y judiciales vinculadas al entorno del chavismo. Detrás de su nombre hay una historia mucho más amplia que explica por qué Estados Unidos llevaba años intentando procesarlo judicialmente.
Las acusaciones de lavado de dinero y corrupción
Para Washington, Saab no era simplemente un empresario cercano al gobierno venezolano, sino una pieza clave dentro de una presunta red internacional de lavado de dinero, corrupción y triangulación financiera vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Las acusaciones contra Saab crecieron especialmente después de que fiscales estadounidenses lo señalaran de participar en operaciones destinadas a mover y ocultar recursos obtenidos mediante contratos públicos y presuntos esquemas fraudulentos en Venezuela.
Según las investigaciones estadounidenses, Saab habría conspirado para lavar millones de dólares provenientes de sobornos y contratos amañados relacionados con programas estatales venezolanos. Por esos hechos, las autoridades estadounidenses pedían hasta 20 años de prisión.
El programa CLAP y las sospechas de sobrecostos
Uno de los principales focos de las investigaciones contra Saab estuvo relacionado con el programa de alimentos subsidiados conocido como CLAP. Las autoridades estadounidenses y distintos reportes periodísticos sostuvieron que empresas vinculadas al empresario colombiano participaron en contratos con presuntos sobrecostos para abastecer al gobierno venezolano. Entre las compañías mencionadas apareció Group Grand Limited, señalada de suministrar alimentos y víveres al sistema estatal venezolano. Según las investigaciones, Saab y personas cercanas al entorno de Maduro habrían obtenido enormes ganancias mediante ese esquema.
El portal de periodismo investigativo Armando.info publicó durante años investigaciones que relacionaban a Saab con una presunta red de lavado de activos y exportaciones ficticias hacia Venezuela. Los reportes también señalaban que Saab había logrado importantes contratos durante el gobierno de Hugo Chávez, incluyendo acuerdos para construir viviendas prefabricadas dentro de programas estatales. Las publicaciones de Armando.info provocaron una fuerte reacción del empresario, quien demandó judicialmente a los periodistas por presunta difamación e injuria. La situación llevó incluso a que varios reporteros abandonaran Venezuela tras denunciar amenazas y hostigamientos, según alertó en su momento la Sociedad Interamericana de Prensa.
Captura en Cabo Verde y negociación política
El caso de Saab escaló internacionalmente en junio de 2020, cuando fue detenido en Cabo Verde durante una escala técnica de su avión. Las autoridades estadounidenses lo acusaban formalmente de conspirar para lavar dinero y pidieron su extradición. El gobierno venezolano respondió asegurando que Saab actuaba como enviado diplomático especial y realizaba misiones oficiales relacionadas con acuerdos comerciales y abastecimiento. Pese a esos argumentos, Saab fue extraditado hacia Estados Unidos en octubre de 2021.
Durante su permanencia en prisión en territorio estadounidense, el empresario se convirtió en uno de los nombres más sensibles dentro de las tensiones diplomáticas entre Washington y Caracas. Finalmente, en diciembre de 2023, el entonces gobierno de Joe Biden lo liberó como parte de un acuerdo de intercambio con Venezuela. A cambio, el gobierno venezolano permitió la liberación de ciudadanos estadounidenses y presos políticos.
Regreso a Venezuela y nueva deportación
Tras regresar a Caracas, Saab fue recibido públicamente por Maduro, quien lo calificó como “un hombre valiente y patriota”. Posteriormente, el empresario fue nombrado presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva y más adelante ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, su situación volvió a cambiar tras la captura y posterior caída de Maduro. Según versiones divulgadas por The New York Times, la administración de Donald Trump habría negociado nuevamente la extradición de Saab durante los últimos meses. El empresario finalmente fue deportado por el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, que justificó la medida señalando que Saab estaba involucrado en diversos delitos investigados en Estados Unidos.
Además de las investigaciones estadounidenses, Saab también era requerido en Colombia por delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada. Durante años, el empresario pasó de ser un comerciante relativamente desconocido en Barranquilla a convertirse en uno de los personajes más polémicos y estratégicos dentro de las investigaciones internacionales sobre corrupción, sanciones y finanzas vinculadas al chavismo.
