En una decisión sin precedentes, la Interpol rechazó la solicitud presentada por Colombia para emitir una circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien se encuentra prófugo y es señalado por los delitos de peculado y lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Argumentos de la Interpol
La organización internacional fundamentó su negativa en el artículo 3 de su Estatuto, que le prohíbe intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Según la Interpol, la solicitud colombiana podría tener un trasfondo político, dado que González cuenta con asilo político en Nicaragua. Esta condición, según el organismo, impide que se emita la circular roja, ya que el caso estaría vinculado a consideraciones políticas.
Implicaciones de la decisión
Con esta resolución, el exfuncionario podrá desplazarse libremente por diversos países sin ser requerido por las autoridades internacionales, a pesar de que enfrenta un proceso judicial en Colombia que se encuentra en fase de acusación. La falta de una circular roja limita las posibilidades de captura en el extranjero y representa un obstáculo significativo para la justicia colombiana.
Reacciones de las víctimas
Tras la revelación de Noticias RCN, las víctimas del caso manifestaron su indignación y anunciaron que interpondrán una acción de tutela contra Interpol Colombia. El objetivo de esta medida judicial es esclarecer las razones detrás de la negativa y evitar que se vulneren sus derechos en el proceso. Las víctimas consideran que la decisión de la Interpol las deja en una situación de indefensión y burla.
Detalles del caso
Carlos Ramón González es señalado como uno de los principales responsables de la corrupción en la UNGRD. Según testimonios recogidos en la investigación, habría ordenado la entrega de 4.000 millones de pesos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, hechos que lo vinculan directamente con graves irregularidades en la gestión de recursos destinados a la atención de desastres.
Opinión de expertos
Expertos en derecho internacional consultados por este medio señalaron que la decisión de la Interpol genera un choque jurídico. Argumentan que los delitos imputados a González son de naturaleza común, como el peculado y el lavado de activos, y no deberían estar amparados por un asilo político. “El caso no es político, es corrupción. El asilo no debería blindar a quien enfrenta cargos por delitos ordinarios”, explicó uno de los especialistas. Esta situación plantea un nuevo desafío para las autoridades colombianas en la lucha contra la corrupción de alto nivel, al quedar el exfuncionario en libertad de movimiento internacional mientras el proceso judicial continúa en el país.
