Fiscalía procederá con imputación contra excandidato y exagentes policiales
En un desarrollo judicial de alto impacto, la Fiscalía General de la Nación legalizó este lunes 9 de marzo la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, quien fuera candidato al Senado de la República por el Partido de la U. La medida judicial también alcanzó a cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, todos señalados por su presunta vinculación con la red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.
Detalles de las capturas y los implicados
Las capturas se efectuaron el día anterior, 8 de marzo, en la ciudad de Bogotá. Además de Gómez Castro, los detenidos son:
- José Luis Olaya Caicedo
- Faudel Luis Salazar Piñeros
- Juan Miguel Jaramillo Mora
- Edgar Humberto Bacca Suárez
Todos ellos son exagentes de la Policía Nacional, y según la investigación, habrían colaborado con la mencionada red criminal entre los años 2023 y 2024.
La red de corrupción y su operación
De acuerdo con la información proporcionada por el ente investigador, esta poderosa red logró comprar a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en puertos estratégicos como Barranquilla, en el departamento del Atlántico, y Cartagena, en Bolívar. El objetivo principal era facilitar el ingreso de mercancías de contrabando al territorio colombiano, evadiendo los controles aduaneros y generando un grave perjuicio económico y de seguridad nacional.
Próximos pasos en el proceso judicial
Aunque la audiencia de legalización de captura se llevó a cabo de manera reservada ante un juez de control de garantías en Bogotá, se ha confirmado que en las próximas horas se procederá con la imputación de cargos contra los cinco implicados. Los delitos por los que serán formalmente acusados incluyen:
- Cohecho por dar u ofrecer: relacionado con el presunto soborno a funcionarios públicos.
- Concierto para delinquir agravado: por su participación en una organización criminal dedicada al contrabando.
Este caso destaca la persistencia de redes de corrupción que operan en sectores clave del Estado, y representa un esfuerzo significativo de las autoridades por desmantelar estructuras delictivas que afectan la integridad institucional y la economía del país.
