Corte Suprema condena a general (r) Jorge Arturo Salgado por corrupción en contratación militar
General (r) condenado por corrupción en contratos del Ejército

General retirado condenado por corrupción en contratos militares

La Corte Suprema de Justicia ha emitido una sentencia condenatoria de tres años de cárcel contra el general (r) Jorge Arturo Salgado Restrepo, por su participación en un entramado corrupto de direccionamiento ilegal de contratos al interior de la Séptima División del Ejército Nacional.

Preacuerdo con la Fiscalía reduce pena

El militar aforado logró una reducción significativa de su pena tras pactar un preacuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por el alto tribunal. Este mecanismo legal permitió que su condena se estableciera en tres años de prisión, en lugar de una pena mayor que podría haberse impuesto inicialmente.

Esquema corrupto en la Séptima División

Según las pruebas presentadas ante la Corte, en el año 2015, el general Salgado manipuló una licitación pública para adjudicar contratos estatales a dos empresas específicas:

  • Distrilogística S.A.S., representada por Samir Fernando García Buitrago
  • Ingecodi S.A.S., vinculada a la familia de la ingeniera Viviana González

La Fiscalía demostró que los contratistas fueron informados previamente sobre los parámetros de la contratación, permitiéndoles ajustar sus propuestas para garantizar su adjudicación. Paralelamente, la Séptima División modificó los requisitos relacionados con experiencia y capacidades específicas para facilitar la contratación de estas empresas.

Mecanismo de financiación irregular

El esquema corrupto funcionaba mediante una modalidad de financiación irregular donde los contratistas proveían bienes y servicios a oficiales del Ejército con cargo a sus propios recursos, bajo la promesa de que estas obligaciones serían saldadas mediante la adjudicación irregular de contratos estatales.

Entre los gastos personales cubiertos con recursos públicos se encuentran:

  1. Tiquetes aéreos para viajes personales
  2. Pagos en restaurantes y clubes sociales exclusivos
  3. Patrocinio y boletas para eventos culturales
  4. Alquiler de inmuebles para uso particular
  5. Facturas de servicios públicos
  6. Combustible para vehículos privados

El monto total desviado ascendió a 151.397.660 pesos, según la acusación fiscal.

Licitación pública completamente amañada

La Corte Suprema determinó que, lejos de constituir un procedimiento abierto y competitivo, la licitación pública fue manipulada desde su concepción. Los pliegos de condiciones se ajustaron específicamente para coincidir con la experiencia general, experiencia específica y capacidad financiera que, de antemano, se sabía cumplían las empresas favorecidas.

"Los acuerdos suscritos entre el acusado, algunos de sus subalternos y los contratistas involucraban una modalidad de financiación irregular", detalló la Fiscalía en su acusación ante la Corte Suprema.

Coordinación ilícita y abuso de cargo

El tribunal consideró que el esquema se estructuró y ejecutó aprovechando el cargo del general Salgado como comandante y su línea de mando dentro de la Séptima División. Por esta razón, el militar retirado aparece como uno de los coordinadores principales del plan criminal.

La relación evidenció una "reiterada coordinación ilícita en la adjudicación de contratos estatales utilizada como mecanismo para desviar recursos públicos hacia beneficios particulares", según la determinación de la Corte.

Implicados adicionales en el caso

Durante la investigación y el proceso de colaboración del general Salgado, se ventilaron los nombres de otros oficiales involucrados en el esquema corrupto, incluyendo:

  • Coronel Harold Felipe Páez Roa, comandante del Batallón de Servicios No. 4 Yariguíes
  • Coronel Gabriel Fernando Marín Peñaloza

Estos mandos militares habrían participado activamente en el direccionamiento de contratos y en los acuerdos con los contratistas, según la información aportada durante el proceso.

La sentencia de la Corte Suprema marca un precedente significativo en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones militares, destacando la importancia de los mecanismos de colaboración con la justicia para desmantelar redes de corrupción establecidas.