Fiscalía imputará a actriz Yeimy Vargas por presunto documento falso en contrato
Fiscalía imputará a Yeimy Vargas por documento falso

La actriz y exreina Yeimy Paola Vargas enfrenta un proceso penal después de que la Fiscalía detectara presuntas irregularidades en documentos académicos presentados para firmar un contrato en Cartagena. El caso ha generado atención por tratarse de una figura pública y por las inconsistencias encontradas.

Imputación de cargos por falsedad documental

La Fiscalía anunció la imputación de cargos por presunta falsedad en documento público y citó a Vargas a una audiencia el 30 de abril. En el mismo proceso deberá comparecer Carmen Lucy Espinosa, exfuncionaria vinculada a los hechos bajo revisión.

Irregularidades en los documentos

La investigación se centra en un contrato firmado el 21 de marzo de 2025 con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. El acuerdo, por 55 millones de pesos y con duración de nueve meses, exigía acreditar estudios en actuación y teatro como requisito clave.

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Durante las verificaciones, se encontraron varios puntos que encendieron las alertas. Uno de ellos fue una diferencia en el nombre de la beneficiaria en el documento presentado. Además, una consulta a una entidad en Bucaramanga indicó que Vargas no aparece en registros académicos. El formato del diploma tampoco coincide con los modelos oficiales, lo que aumentó las dudas sobre su autenticidad.

Suspensión del contrato y nuevo vínculo laboral

El contrato inicial fue suspendido tras seis meses de ejecución. Sin embargo, la polémica no impidió que Vargas fuera contratada nuevamente en 2026 por la Alcaldía de Cartagena, esta vez bajo un perfil distinto. En ese nuevo contrato, por 18 millones de pesos, la exreina se presentó como bachiller y no incluyó el título cuestionado. Las autoridades locales defendieron la decisión argumentando que no existe una inhabilidad vigente y que se respeta la presunción de inocencia.

Investigación a funcionarios

La Fiscalía también puso la lupa sobre funcionarios del instituto que validaron los documentos, con el fin de establecer si hubo fallas en los controles. El caso sigue en desarrollo y será la justicia la que defina responsabilidades.

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