Denuncia por millonarios contratos a familiares del ministro de Salud en el gobierno Petro
La representante a la Cámara Katherine Miranda ha presentado una grave denuncia que involucra directamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y su círculo familiar. Según la congresista, desde la llegada del presidente Gustavo Petro al poder en agosto de 2022, varios parientes del ministro han recibido contratos y cargos públicos que superan los 3.000 millones de pesos.
Los casos documentados de contratación familiar
La investigación presentada por Miranda detalla múltiples casos de contratación que beneficiarían a familiares directos del ministro Jaramillo:
- María Clara Berrocal, cuñada del ministro, suscribió contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz por más de 390 millones de pesos.
- Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del ministro, registra un contrato con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Camilo Andrés Jaramillo Berrocal celebró múltiples contratos con entidades públicas, incluyendo la Empresa Férrea Regional, que en conjunto superarían los 1.400 millones de pesos.
- Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, fue contratado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
- Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro, figura con contrato en la Contraloría General de la República.
Designaciones en cargos públicos
Además de los contratos, la denuncia incluye nombramientos directos de familiares en posiciones estatales:
- Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, fue designado como director de ProColombia en el Reino Unido.
- Beatriz Eugenia Gómez, esposa del ministro, ocupa el cargo de superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud.
Posible conflicto de interés en medio de crisis sanitaria
"Mientras Colombia enfrenta una profunda crisis en el sistema de salud, es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos", afirmó Miranda durante su intervención. La congresista destacó la contradicción entre la grave situación financiera de hospitales y EPS en el país y estos presuntos beneficios familiares.
La representante insistió en que el control político no puede ser selectivo y que corresponde a las entidades competentes revisar la legalidad de cada uno de los contratos y nombramientos. "El cambio prometía acabar con las élites enquistadas en el poder. Colombia necesita respuestas, no silencios", agregó Miranda.
Contexto nacional y falta de pronunciamiento oficial
Esta denuncia se produce en medio del intenso debate nacional sobre la reforma al sistema de salud y la crítica situación financiera de las instituciones sanitarias colombianas. Miranda ha insistido en que cualquier posible irregularidad debe ser esclarecida con celeridad y transparencia absoluta.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado oficialmente frente a los señalamientos presentados por la congresista. La representante ha pedido formalmente a los órganos de control que revisen los casos y determinen si existe o no algún conflicto de interés en estas contrataciones y designaciones familiares.
