Fiscalía presenta cargos contra exministros por presunta red criminal de $612 mil millones
La Fiscalía General de la Nación ha formulado cargos judiciales contra los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quienes califica como cabecillas de una "empresa criminal" que habría desviado recursos públicos por valor de $612.237 millones. Ambos políticos han sido llamados a juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en este esquema de corrupción a gran escala.
Mecanismo de intercambio de contratos por votos parlamentarios
Según la investigación fiscal, esta red operativa habría funcionado mediante un sistema de intercambio ilícito donde se ofrecían contratos de obras públicas a parlamentarios a cambio de su respaldo legislativo. El objetivo principal era asegurar la aprobación de las reformas pensional y de salud, así como la viabilización de créditos públicos estratégicos para el Gobierno Nacional.
El ente acusador reveló pruebas documentales que evidencian presuntos pagos a parlamentarios con dineros públicos para aprobar proyectos de ley y garantizar la gobernabilidad oficial. Este esquema criminal habría comprometido fondos destinados a infraestructura vial y gestión del riesgo de desastres.
Operación en Invías y Ungrd con distribución por comisiones
En un documento de 287 páginas, la Fiscalía estableció que, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Velasco y Bonilla se habrían concertado con terceros para cometer delitos contra la administración pública. El mecanismo consistía en pactar con congresistas el direccionamiento de proyectos y convenios en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En este esquema jugaron un papel fundamental Olmedo López, entonces director de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad. Ellos habrían sido los encargados de presupuestar los proyectos de emergencia destinados a los parlamentarios involucrados en la trama corrupta.
La investigación rastreó un total de 74 proyectos en el Invías por valor de $571.701 millones y cinco proyectos en la Ungrd por $40.536 millones. La distribución de estos recursos habría impactado directamente a diversas células legislativas:
- Comisión Cuarta de Cámara: 13 proyectos ($142.658 millones)
- Comisión Cuarta de Senado: 19 proyectos ($80.816 millones)
- Comisión Tercera de Senado: 14 proyectos ($155.145 millones)
- Comisión Tercera de Cámara: 25 proyectos ($177.380 millones)
División de roles y reuniones estratégicas en Casa La Giralda
La acusación fiscal describe una "división de trabajo preacordada" dentro de la red criminal. Mientras los exministros daban órdenes y supervisaban las gestiones ilícitas, sus asesores facilitaban el engranaje operativo. Un episodio crítico documentado ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco habría ordenado a Olmedo López contactar a la senadora Martha Peralta Epieyú para asegurar mayorías en la reforma pensional.
Asimismo, se estableció que el exministro Bonilla habría autorizado "cupos indicativos" para mantener la gobernabilidad del ejecutivo. En una reunión clave el 18 de septiembre de 2023 en la Casa La Giralda, Velasco y Bonilla habrían discutido la necesidad de asegurar el respaldo político de cara a las elecciones regionales mediante beneficios indebidos a parlamentarios.
La Fiscalía enfatiza que estas conductas se ejecutaron bajo circunstancias de mayor punibilidad, al comprometer recursos destinados a infraestructura vial y gestión del riesgo de desastres. Cabe destacar que, pese al avance de este proceso ante la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó recientemente la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos procesales.
Este caso representa uno de los escándalos de corrupción más significativos de los últimos tiempos en Colombia, involucrando a altos funcionarios del gobierno y afectando directamente la aprobación de reformas estructurales clave para el país.
