Una investigación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha destapado un complejo entramado que involucra a la reconocida marca de ropa interior Lili Pink en un presunto caso de contrabando y fraude tributario. El caso, que lleva años en desarrollo, salió a la luz recientemente tras allanamientos y medidas de extinción de dominio.
¿Cómo se descubrieron las irregularidades?
Según informó El Colombiano, el caso se remonta a 2022, cuando un sistema interno de monitoreo conocido como “el ojo de la Dian” empezó a detectar comportamientos anómalos en funcionarios y empresas del sector textil. El software encendió alertas por accesos inusuales a bases de datos y solicitudes atípicas de devoluciones de IVA, lo que marcó el inicio de la pesquisa.
Las anomalías llevaron a identificar un patrón repetido: varias empresas vinculadas aparecían registradas en una misma dirección en Barranquilla. En ese lugar se habrían creado más de 30 compañías con características similares, que funcionaban por periodos cortos, solicitaban devoluciones tributarias y luego desaparecían, lo que reforzó la hipótesis de una estructura empresarial ficticia.
La red empresarial detrás de Lili Pink
De acuerdo con información revelada por la unidad investigativa de El Tiempo, la red empresarial detrás de la marca está relacionada con la sociedad Fast Moda S.A.S., que cuenta con activos cercanos a los 295.000 millones de pesos y cuyo accionista sería la compañía Bestsea Blue S.A, fundada en Panamá en 2020.
Facturas falsas y contrabando textil
Según Infobae, el esquema dentro de la famosa marca de ropa interior habría operado mediante el uso de facturas falsas para simular compras de insumos o servicios que nunca ocurrieron. Con estos documentos, la empresa reportaba pagos de IVA inexistentes y luego solicitaba devoluciones al Estado, lo que permitía la salida de recursos públicos sin respaldo real, en un mecanismo de fraude tributario.
Además, esas mismas facturas habrían servido para dar apariencia legal a mercancía que ingresaba al país sin cumplir requisitos aduaneros y aparentemente sin pagar impuestos. En ese sentido, en 2024, la Dian incautó 19.703 bultos de textiles y productos misceláneos y polipropileno; sin embargo, la compañía interpuso una tutela, pero ese recurso fue negado. Al registrarla como parte de operaciones formales, los productos de contrabando podían circular dentro del mercado sin levantar sospechas.
Posible participación de funcionarios públicos
Uno de los elementos más delicados del caso es la posible participación de funcionarios públicos. Durante un allanamiento, las autoridades encontraron registros con anotaciones sobre pagos ilegales, lo que sugiere la existencia de sobornos para facilitar trámites dentro de la entidad y permitir el flujo de dinero en estas operaciones.
La investigación fue trasladada a la Fiscalía hace varios años, pero tomó mayor fuerza recientemente con operativos de extinción de dominio en cientos de establecimientos vinculados a la marca, lo que refleja la magnitud del caso y su impacto en el sector comercial. Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la identificación de responsabilidades, mientras el proceso sigue en curso y crece la preocupación por los empleados que laboraban en la compañía.
