Paloma Valencia expone presuntas irregularidades en contratos millonarios de Colpensiones con RTVC
En un nuevo episodio de cuestionamientos a la gestión de recursos públicos en Colombia, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia ha encendido las alarmas al revelar graves presuntas irregularidades en convenios suscritos entre Colpensiones y RTVC. Los montos involucrados en estos contratos superan los 60.111 millones de pesos, generando serias dudas sobre la transparencia en la contratación estatal.
Contratos directos que evaden la licitación pública
La controversia se centra en dos contratos principales destinados a estrategias de marketing y publicidad que, según la denuncia presentada por Valencia, habrían evadido sistemáticamente los principios básicos de la contratación pública colombiana. Estos acuerdos se habrían realizado mediante adjudicación directa, evitando los procesos de licitación que garantizan transparencia y competencia.
El "contrato eterno" que viola el principio de anualidad
El primer foco de la denuncia se remonta al 15 de diciembre de 2023, cuando Colpensiones entregó de manera directa y sin licitación un contrato por 13.804 millones de pesos a RTVC. Lo más preocupante, según la congresista, es que este contrato se extendió hasta finales de 2024, comprometiendo recursos de más de una vigencia fiscal.
"Esta situación técnicamente vulnera el principio de anualidad presupuestal, que es una regla de oro en las finanzas del Estado colombiano", explicó Valencia durante su intervención.
Adiciones que superan los límites legales
El historial de este primer contrato presenta un esquema de adiciones que parece desafiar abiertamente la normativa legal vigente:
- Junio 2024: Adición de $6.000 millones
- Diciembre 2024: Adición de $11.252 millones
- Agosto 2025: Adición de $6.300 millones
De acuerdo con la Ley 80 de 1993, las adiciones a un contrato estatal no deben superar el 50% del valor inicial. Sin embargo, en este caso específico, la suma total de las adiciones superó ampliamente el 100% del monto original, comprometiendo recursos fiscales de tres años distintos: 2023, 2024 y 2025.
Un segundo contrato bajo sospecha
La denuncia no se detiene en el primer contrato. El 16 de julio de 2024 se habría firmado un segundo acuerdo, nuevamente por vía directa, por un valor inicial de 9.795 millones de pesos. El objeto de este contrato era diseñar e implementar una estrategia de marketing similar a la anterior.
Este segundo acuerdo también fue objeto de una adición masiva de 12.959 millones de pesos, excediendo otra vez el límite legal del 50% establecido por la normativa colombiana. "Estamos ante lo que parece ser una estrategia sistemática para saltarse la licitación pública y el control del gasto", advirtió la candidata presidencial durante su exposición.
Detalle de los contratos cuestionados
- Contrato de Publicidad 1:
- Valor inicial: $13.804 millones
- Adiciones totales: $23.552 millones
- Vigencia final: Diciembre 2025
- Contrato de Marketing 2:
- Valor inicial: $9.795 millones
- Adiciones totales: $12.959 millones
- Vigencia final: Diciembre 2025
Llamado a los entes de control
Ante la gravedad de los hallazgos, Paloma Valencia ha solicitado formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que inicien investigaciones urgentes sobre estos casos. El objetivo principal es determinar si existieron faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal por el manejo de estos fondos, que pertenecen a los ahorros y aportes de millones de colombianos.
"Es fundamental que los entes de control actúen con celeridad para esclarecer estos hechos y garantizar que los recursos públicos sean manejados con absoluta transparencia", manifestó la senadora.
Repercusiones en la agenda política nacional
Por ahora, el país espera una respuesta oficial de las entidades implicadas, mientras el debate sobre el uso de la contratación directa para fines publicitarios vuelve a estar en el centro de la agenda política nacional. Esta denuncia se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos en Colombia, reavivando el debate sobre la necesidad de mayores controles y transparencia en la contratación estatal.
La situación ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y sociales, que exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas por la precandidata presidencial.
