La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha decidido abrir una investigación formal y llamar a indagatoria a la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los delitos que se le imputan son tráfico de influencias y cohecho impropio.
Reacción de la senadora
Martha Peralta, quien representa al departamento de La Guajira, aseguró que hasta el momento no ha recibido notificación formal alguna sobre la apertura del proceso. En un video difundido a través de sus redes sociales, la congresista expresó su preocupación por la filtración de información del expediente, el cual, según ella, debería permanecer bajo reserva legal.
“Resulta muy grave que ciertos medios y bodegas tengan primero información que, además, debería estar amparada por la reserva del proceso”, declaró Peralta. Asimismo, cuestionó la falta de garantías y la presunta violación al debido proceso, al indicar que se han divulgado versiones interesadas antes de que ella conociera oficialmente el contenido del trámite.
La senadora agregó que, de confirmarse la apertura formal, continuará con su línea de defensa basada en la verdad y la transparencia. “Llevo meses siendo blanco de una campaña sistemática de mentiras y estigmatización por defender las reformas del cambio desde el Congreso. No me van a intimidar ni voy a retroceder”, afirmó.
Los hechos investigados
La investigación se centra en un contrato firmado el 25 de octubre de 2023 por un valor de 2.170 millones de pesos, destinado a la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para labores en Riohacha, La Guajira. Dicho contrato fue adjudicado a la empresa Inversiones IRL SAS, representada por Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi.
Según el testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el 19 de septiembre de 2023 se realizó una reunión en la sede de la entidad con la senadora Peralta, los contratistas y el entonces subdirector Sneyder Pinilla. López declaró que la senadora pidió una cita y llegó acompañada de unos amigos, a quienes presentó como propietarios de maquinaria amarilla, solicitando que se les contratara para La Guajira. Además, en un diálogo privado, Peralta le habría indicado que la contratación “iba a ayudar mucho en su campaña en el proceso en el territorio”.
El entramado mayor
El caso de Peralta se enmarca en el denominado “carrusel” de contratación de la UNGRD, que, según la Fiscalía, buscaba asegurar votos a favor de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro. Durante la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la senadora fue mencionada como una de las articuladoras de la estrategia para el trámite de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado, de la que hace parte.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, explicó que el entonces ministro Velasco envió a Olmedo López para colaborar con la senadora Peralta en la ampliación de mayorías para la aprobación de dicha reforma. De acuerdo con el ente investigador, Peralta habría sido beneficiaria de contratos vinculados a cuatro proyectos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) por más de 571.000 millones de pesos, y a cinco proyectos en la UNGRD por más de 40.000 millones de pesos, dentro del esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de respaldo legislativo.
La senadora, quien preside el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y fue reelegida al Senado el pasado 8 de marzo, ha negado en anteriores pronunciamientos haber participado en reuniones con López, Pinilla o los contratistas. Pese a la apertura oficial de la investigación, Peralta insistió en que no ha sido informada formalmente y reiteró su disposición a defenderse con la verdad.
