La Corte Suprema depura investigación sobre nombramientos en la Dian y mantiene a Roy Barreras bajo la lupa
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha tomado una decisión crucial en el caso de los presuntos nombramientos irregulares en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Tras una exhaustiva evaluación de las versiones y pruebas presentadas por el exdirector de la entidad, Luis Carlos Reyes, el alto tribunal ha decidido cerrar la mayoría de los procesos preliminares que se derivaban de estas denuncias.
Investigación se concentra en tres políticos
Sin embargo, en un giro significativo, la Corte Suprema ha determinado mantener abierta la investigación en su etapa preliminar contra tres figuras políticas específicas: el exsenador y aspirante presidencial Roy Barreras Montealegre, la representante Gloria Arizabaleta Corral y el senador Jairo Castellanos Serrano. Esta decisión se basa en que, según el fallo judicial, existirían elementos suficientes para evaluar si hubo un uso indebido de influencias vinculadas al ejercicio de sus cargos públicos.
El expediente judicial se había estado adelantando por posibles actuaciones irregulares relacionadas con recomendados políticos para cargos dentro de la Dian. Estas denuncias fueron presentadas por el propio Luis Carlos Reyes ante la Corte Suprema después de dejar el cargo que ocupó entre 2022 y 2025.
Testimonios del exdirector de la Dian
Según las declaraciones del exfuncionario, durante su gestión recibió múltiples comunicaciones y solicitudes de congresistas y políticos que buscaban ubicar personas de su confianza en plazas de dirección o jefaturas dentro de la entidad tributaria. En su testimonio, Reyes aseguró haber recibido un listado de al menos 35 parlamentarios y personalidades que realizaban solicitudes de nombramientos, y en algunos casos incluso advertencias por su negativa a acceder a esas peticiones.
Las actuaciones judiciales se apoyaron en una ponencia de la magistrada Cristina Lombana y en la valoración detallada de las declaraciones rendidas por el exdirector de la Dian. Tras la práctica de pruebas y testimonios, la Sala de Instrucción decidió inhibirse de abrir investigaciones formales contra 26 congresistas y excongresistas que inicialmente habían sido mencionados en la denuncia.
Elementos diferenciadores en el caso de Barreras
La decisión de excluir a estos 26 políticos se fundamentó en que no se encontraron suficientes elementos que permitieran acreditar la comisión de un delito de tráfico de influencias. Entre ellos figuraban parlamentarios de diversos partidos y regiones que habían entregado hojas de vida o sugerencias de candidatos, pero sin que se haya demostrado abuso de su función pública para obtener un beneficio ilícito.
En marcado contraste, en el caso específico de Roy Barreras, los testimonios y registros que obran en el proceso incluyen menciones concretas en las que, según Luis Carlos Reyes, el exsenador habría presionado para nombramientos específicos dentro de la Dian. Esto representa una diferencia sustancial con la mayoría de los congresistas excluidos de la investigación formal, sobre los cuales sólo se encontró evidencia de recomendaciones sin indicios claros de coacción o abuso de autoridad.
Ampliación de la investigación a otras figuras
Además de estas decisiones, la Corte Suprema ha compulsado copias de la investigación a la Fiscalía General de la Nación para que indague a la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y a Gilberto Rondón González, por hechos similares. Esta medida se tomó aunque estos casos quedan fuera de la competencia directa de la Corte Suprema, al no tratarse de aforados al momento de los hechos denunciados.
La decisión del alto tribunal marca un punto importante en un proceso que ha estado bajo reserva en distintos momentos, y que se relaciona directamente con un debate más amplio sobre la gestión de nombramientos en entidades estatales y la posible influencia de redes políticas en decisiones internas de organismos públicos clave como la Dian.
Este caso ha generado especial atención por involucrar a figuras políticas de alto perfil y por tocar temas sensibles relacionados con la transparencia en la administración pública y los límites de la influencia política en organismos técnicos del Estado colombiano.
