Corrupción y emergencias: Un vínculo perverso que saquea los recursos públicos
Si se realiza una arqueología minuciosa de la corrupción en Colombia, inevitablemente se descubre que cada episodio de desfalco masivo está íntimamente ligado a una emergencia declarada. Este patrón recurrente revela cómo los desastres naturales se transforman en oportunidades ideales para el robo sistemático de fondos públicos, mientras las entidades de control permanecen inoperantes y los culpables evaden el castigo.
La captura del Estado como mecanismo de saqueo
El libro Aparatos estatales y luchas de poderes: de la captura a la cooptación y a la reconfiguración, publicado por la Fundación Heinrich Böll en 2020 y escrito por el reconocido teórico Luis Jorge Garay, ofrece uno de los análisis más profundos sobre este fenómeno. Garay, quien ha dedicado décadas al estudio de la criminalidad y la corrupción en Colombia, desarrolla el concepto de "captura del Estado", explicando cómo grupos de poder utilizan su influencia para aprobar leyes y regulaciones que benefician intereses particulares en detrimento del bien común.
Esta dinámica se ha degenerado especialmente en regiones donde grupos ilegales ejercen control político sobre territorios completos, como ocurre en:
- Catatumbo
- Arauca
- Cauca
- Grandes zonas de Antioquia
- La región del Pacífico
Elefantes blancos y obras fantasmas
Estos grupos de poder operan frecuentemente como contratistas que financian campañas políticas de concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes, senadores e incluso presidentes, en una apuesta calculada para asegurar sus negocios. El mapa concreto de esta hipótesis se materializa en los elefantes blancos que proliferan en pueblos y ciudades colombianas, además de obras de infraestructura licitadas, contratadas y finalmente inexistentes.
Cuando se realiza una arqueología de la corrupción colombiana, este flagelo nacional aparece sistemáticamente vinculado a desastres naturales, los cuales se convierten en hechos fortuitos perfectamente aprovechados para desviar dinero público. Los fondos destinados a atender catástrofes escapan frecuentemente del control de las entidades de vigilancia, creando condiciones ideales para el saqueo.
Historia de un vínculo perverso
Esta afirmación, de vieja data en el análisis político colombiano, puede rastrearse desde el terremoto de Popayán, pasando por la tragedia de Armero y el terremoto de Armenia, hasta llegar a las más recientes emergencias invernales. Los gobiernos de turno suelen decretar estas emergencias precisamente cuando enfrentan crisis de liquidez, necesitando recursos no solo para atender damnificados, sino también para financiar campañas políticas y girar dinero fácil a proveedores aliados.
Nada resulta más peligroso para las finanzas públicas que un gobierno sin caja combinado con una larga temporada de lluvias, un terremoto devastador o una sequía prolongada. En estas circunstancias, siempre emergen los actores más vivos, aquellos sin escrúpulos para apropiarse de recursos escasos destinados a la atención humanitaria.
Corrupción sistémica y endémica
Luis Jorge Garay conceptualiza este fenómeno como corrupción sistémica o endémica, una forma de poder arraigada en las estructuras fundamentales del Estado donde las prácticas ilícitas no constituyen hechos aislados sino patrones culturales plenamente instalados mediante normas, leyes y procesos manipulados para beneficiar a grupos específicos.
El ejemplo más reciente de este evidente matrimonio entre desastres y corrupción ocurrió en la Unidad de Gestión del Riesgo, cuyo desfalco podría superar el billón de pesos. Una inundación, un terremoto o una sequía prolongada representa la mejor noticia para los corruptos, quienes acuden a dineros líquidos y sin control para hacer su agosto particular.
No cabe duda de que gran parte del dinero público actualmente movilizado en alcaldías y gobernaciones de la Costa Caribe, región azotada recientemente por lluvias torrenciales, terminará involucrado en escándalos futuros de corrupción.
Incentivos perversos y soluciones urgentes
A muchos alcaldes no les interesa solucionar los problemas reales de personas que habitan zonas de alto riesgo porque saben que, cuando ocurre una tragedia natural, también llueven recursos públicos sin control efectivo ni dolientes genuinos. Esta dinámica crea incentivos perversos donde la prevención resulta menos atractiva que la respuesta desorganizada a emergencias.
Resulta imperativo que los nuevos congresistas y el Gobierno Nacional rediseñen urgentemente la institucionalidad de atención a catástrofes, implementando mecanismos de transparencia y control que impidan que estos fondos continúen siendo dinero fresco que termina alimentando circuitos delictivos, fruto de un Estado capturado por intereses particulares.
