Hay una pregunta que ronda hace años y que ahora volvió con más fuerza que nunca: ¿desde cuándo en Colombia llamarle corrupto a un corrupto se convirtió en un acto de valentía? Porque eso es exactamente lo que estamos viviendo. Un país donde el que roba recursos públicos sale en los medios a decir "no sea mentiroso, yo no me he robado nada", como si la condena de un juez fuera una opinión y no una sentencia. Un país donde una joven es presentada como "doctora" en actos institucionales, mientras investigan si sus títulos son falsos. Un país donde la corrupción no solo existe, sino que posa, celebra, parrandea y da entrevistas. Y nosotros, los colombianos, seguimos haciéndonos los locos. Eso no es “malicia indígena”, eso es rendición disfrazada de resignación.
Emilio Tapia: el rostro descarado de la impunidad
Emilio Tapia es hoy, quizá, el retrato más descarado de lo que significa la impunidad con rostro humano en Colombia. Condenado por casos vinculados a corrupción en la contratación estatal, el escándalo del carrusel de la contratación y señalado en el caso de Centros Poblados, donde el Estado perdió miles de millones en un contrato para llevar internet a zonas rurales que nunca llegó. Tapia apareció hace unos días en el Festival Vallenato, gozando de la fiesta con total tranquilidad, mientras el Ministerio de Transporte revelaba que ese mismo hombre busca al menos cuatro contratos nuevos con el Estado. Su respuesta ante la indignación ciudadana fue tan sencilla como escandalosa: "Como ciudadano tengo derecho a vivir con dignidad, tranquilidad y libertad." Tiene razón en una cosa: sí tiene esos derechos. Pero los tiene él solo, porque las comunidades rurales que esperaron ese internet que nunca llegó también tenían derechos, y esos sí se los robaron.
Juliana Guerrero: títulos falsos y poder
A su vez, el caso de Juliana Guerrero es diferente en la forma, pero idéntico en el fondo. Investigada por el presunto uso de títulos universitarios falsos de la mano de la Fundación Universitaria San José y alcahueteada por sus amigos (o cómplices) del Gobierno Nacional, esta joven cercana al círculo del poder fue presentada como "doctora" durante la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar, un acto institucional donde el Estado mismo le rindió honores académicos a alguien cuyas credenciales están en entredicho ante la justicia. Y como si eso no bastara, días antes había protagonizado una celebración de cumpleaños que generó nueva polémica, mientras la ciudadanía se pregunta por qué una persona sin cargo público tiene esquema de seguridad pagado por el Estado. La respuesta oficial de la UNP fue que se justificaba por sus vínculos con el presidente. Eso lo dice todo, porque en Colombia, la proximidad al poder reemplaza los méritos, los títulos y hasta las condenas. Y nadie parece inmutarse lo suficiente como para que algo cambie de verdad, pues ahora incluso aparece haciendo campaña abiertamente en plaza pública por el candidato del llamado Gobierno del cambio, un cambio que, visto así, cada vez se parece más a las mismas prácticas que prometieron desmontar.
La normalización de la corrupción
Lo que conecta estos dos casos no es la anécdota sino el síntoma. Colombia lleva dos años consecutivos retrocediendo en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y en 2025 obtuvo apenas 37 puntos sobre 100, ubicándose por debajo del promedio regional latinoamericano. Ese número es la radiografía de un país donde la corrupción ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regla. Y lo más grave no es la cifra, sino lo que hay detrás de ella: la normalización. Cuando la gente deja de escandalizarse ante la corrupción, cuando empieza a verla como algo inevitable, como el costo de vivir en este país, ahí es cuando la corrupción gana de verdad. Porque ya no necesita esconderse, le alcanza con que la ignoremos.
La cultura de la tolerancia
En Colombia hemos construido durante décadas una cultura que le llama "malicia indígena" a lo que en realidad es una tolerancia estructural hacia el abuso y la mentira. Le llamamos "vivo" al que se roba la plata pública, le decimos "es que así es la política" cuando un funcionario nombra a su círculo sin importar los méritos, y normalizamos que quien tiene poder en este país hace lo que quiere mientras nadie con suficiente autoridad diga que no. Aunque a veces ni la autoridad ni la justicia puedan comentar ante eso. El dicho "el vivo vive del bobo" ha sido usado históricamente para justificar al que hace trampa, como si la trampa fuera una virtud que admirar en lugar de un delito que perseguir o, por lo menos, rechazar. Pero ese dicho tiene una segunda parte que en Colombia muy poca gente recuerda: "hasta que el bobo quiere." Y la pregunta que hay que hacerse hoy, en este momento político que vive el país, es si los colombianos ya están listos para querer. Porque querer implica exigir, implica no normalizar, implica sancionar socialmente, implica llamar a las cosas por su nombre sin miedo y sin cortesía innecesaria.
La ausencia de sanción social
La ausencia de sanción social es quizás el problema más profundo y el menos debatido. En Colombia, un político condenado puede volver a aspirar a un cargo público y ganar. Un contratista investigado puede aparecer en una fiesta y dar entrevistas defendiendo su honor. Una persona con títulos cuestionados puede ser recibida con honores en actos del Estado. Y todo eso ocurre porque como sociedad hemos aprendido a indignarnos en redes sociales durante 48 horas y luego pasar a otra cosa, porque igual nunca pasa nada. La sanción social, ese mecanismo informal pero poderosísimo que en otras sociedades hace que un corrupto no pueda caminar tranquilo por la calle, en Colombia casi no existe. Y mientras no exista, la impunidad jurídica tendrá siempre un aliado perfecto: la impunidad cultural. Según AtlasIntel, la corrupción es hoy el tema que más preocupa a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de 2026, lo que indica que la gente sí lo siente, sí lo vive, sí lo padece. Pero sentirlo no es suficiente. Hay que convertir esa indignación en decisión en las urnas y también en la vida diaria.
Un momento bisagra
Colombia está en un momento bisagra. Las elecciones de 2026 se acercan y la corrupción, por primera vez en mucho tiempo, está en el centro del debate no como un tema de campaña sino como una herida abierta que la gente ya no está dispuesta a ignorar. Lo que ocurrió esta semana con Emilio Tapia y Juliana Guerrero son el reflejo de un sistema que durante décadas ha protegido a los suyos, ha normalizado el abuso y ha castigado más al que denuncia que al que roba. Cambiar eso no depende solo de los jueces ni de los organismos de control, aunque ellos tienen una responsabilidad enorme. Depende también de nosotros, de que dejemos de llamarle "vivo" al ladrón, de que exijamos que quien nos gobierne tenga las manos y el expediente limpios, y de que entendamos que votar con rabia, pero sin información es otra forma de rendirse. El bobo ya no quiere, y ese cansancio puede ser el comienzo de una Colombia menos arrodillada.
