Índice de Percepción de Corrupción 2025: América Latina sin avances significativos
La región de las Américas mantiene un preocupante estancamiento en la lucha contra la corrupción, según el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 publicado por Transparencia Internacional. Con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100 puntos, la región muestra una falta de progresos sostenidos durante más de una década, situación que ha permitido el deterioro institucional y el fortalecimiento del crimen organizado transnacional.
Colombia entre los países con percepción de corrupción en aumento
Los colombianos perciben que la corrupción en su país ha empeorado significativamente, situándose entre las naciones donde la población reporta mayor deterioro en este flagelo. El informe destaca que desde 2012, doce de los treinta y tres países evaluados en la región han registrado retrocesos importantes, mientras que solo República Dominicana y Guyana muestran mejoras destacadas en sus puntajes.
La corrupción ha facilitado la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas de países como México, Brasil y Colombia, lo que ha derivado en mayores niveles de impunidad y debilitamiento del Estado de derecho. Incluso naciones con mejores resultados relativos, como Costa Rica y Uruguay, enfrentan dinámicas de violencia vinculadas a redes criminales que operan aprovechando vacíos institucionales.
Ranking regional y casos preocupantes
En el panorama continental, Canadá, Uruguay y Barbados encabezan la lista con las puntuaciones más altas en transparencia, mientras que Venezuela, Nicaragua y Haití ocupan los últimos lugares, reflejando contextos de instituciones frágiles y altos niveles de represión. Estados Unidos, por su parte, continúa su tendencia a la baja y registra su peor puntuación histórica, en un contexto de preocupaciones sobre la independencia judicial y medidas recientes que han generado cuestionamientos en materia de transparencia.
El informe advierte sobre consecuencias directas en la vida cotidiana de la población, especialmente en materia de derechos humanos, acceso a servicios públicos y seguridad ciudadana. La corrupción en servicios públicos tiene impactos devastadores en sectores vulnerables, como se evidencia en casos específicos documentados por Transparencia Internacional.
Impacto en servicios públicos y poblaciones vulnerables
En Perú, la fiscalía investiga presuntos sobornos en un programa de alimentación escolar para evitar controles sanitarios, lo que habría derivado en la distribución de alimentos contaminados. En Argentina, se desarrollan investigaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad, exponiendo riesgos similares en la atención de grupos vulnerables.
El caso de Venezuela refleja un escenario de deterioro prolongado, donde la corrupción generalizada y actividades ilícitas han incidido directamente en el aumento de la pobreza y la desnutrición. Según el informe, millones de familias enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, agua potable y electricidad debido a estas prácticas corruptas sistémicas.
Restricciones cívicas y debilitamiento institucional
El reporte también advierte sobre la reducción del espacio cívico en varios países de la región, lo que limita la supervisión independiente y la rendición de cuentas. En El Salvador, las restricciones a organizaciones de la sociedad civil han reducido su capacidad de monitorear la gestión pública, mientras que en Guyana se documentan episodios de acoso e intimidación contra medios de comunicación y organizaciones civiles.
Países como Ecuador y El Salvador registran retrocesos en transparencia y libertades cívicas, asociados a normativas que restringen el acceso a financiamiento para organizaciones no gubernamentales y generan obstáculos para su operación efectiva.
Llamado a la acción internacional
Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional, afirmó: "Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda". La representante agregó que es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente.
El informe concluye con un llamado a fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales de corrupción, destacando que sin medidas concretas y sostenidas, el estancamiento regional continuará afectando negativamente la democracia, la seguridad y la calidad de vida de millones de ciudadanos en toda América.
