La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, actual representante a la Cámara y exsecretario de Infraestructura de Norte de Santander, a 99 meses y un día de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La decisión fue emitida por la Sala Especial de Primera Instancia el 4 de mayo de 2026.
Detalles de la condena
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impone una multa equivalente a 129 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de los hechos y una inhabilitación para ejercer funciones públicas por 104 meses y 19 días. La Corte negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria.
Origen de la investigación
La condena se deriva del Convenio de Asociación 00177 del 24 de junio de 2011, por un valor de $1.465.416.134. Dicho contrato tenía como objetivo reconstruir el acceso y la protección del puente de Puerto León, ubicado sobre el río Zulia, en una vía clave que conecta con Cúcuta.
Irregularidades detectadas
La Corte identificó múltiples fallas en el proceso contractual. Entre ellas, que los estudios y diseños técnicos fueron elaborados por la misma firma que luego resultó contratista, lo que vulnera los principios de transparencia y selección objetiva. Además, la obra se contrató mediante un convenio de asociación, modalidad no permitida para este tipo de proyectos según la Ley 80 de 1993. El tribunal también señaló que la firma contratista carecía de la capacidad técnica necesaria para ejecutar la obra.
Responsabilidad del exfuncionario
La Sala enfatizó que Carrillo Mendoza tenía pleno conocimiento de las irregularidades. Según el fallo, el exsecretario “estuvo siempre en capacidad de comprender la ilicitud del proceso contractual”, pero decidió continuar con su ejecución. La Corte calificó su defensa como un intento de eludir responsabilidad, señalando que la supuesta ajenidad frente a los hechos era un “ardid”.
Absolución de otro delito
A pesar de la condena, Carrillo Mendoza fue absuelto del delito de peculado por apropiación agravado en concurso. La decisión judicial marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la contratación pública en Colombia.
