Fabián Puentes Sierra denuncia la falta de prevención para la violencia sexual contra menores en Bogotá. Advierte que existe una trampa en la forma en que las ciudades miden su respuesta: cuentan los casos atendidos como si atender fuera suficiente, pero no lo es. Cuando un niño llega al sistema —a Medicina Legal, a la comisaría, al hospital— el daño ya ocurrió. Lo que sigue es reconstrucción, y esa reconstrucción dura toda la vida. Una infancia fragmentada por el abuso no se restaura con una ruta de atención; se reconstruye, en el mejor de los casos, con años de acompañamiento, familias fuertes y entornos seguros. En muchos casos, no se logra del todo.
Por eso la prevención no es una opción entre varias; es la única respuesta que llega a tiempo. Las cifras de Bogotá obligan a ser directos. Según la Secretaría Distrital de Salud, entre 2022 y 2025 se notificaron 29.321 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la ciudad. En 2025 se registraron 7.721 casos, prácticamente los mismos que en 2024: veintiún casos cada día, uno cada hora. Casi 8 de cada 10 víctimas son niñas y adolescentes mujeres: 22.841 en cuatro años. Estos números no describen un pico de violencia, sino una ciudad que lleva cuatro años sin reducir un problema que conoce en detalle.
El problema además tiene dirección. Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa concentran el 54,5 % de todos los casos. No es un fenómeno disperso: es una violencia que se acumula en territorios específicos, con dinámicas específicas, que una respuesta generalista no puede resolver. Una campaña para toda la ciudad no cambia lo que sucede en un barrio de Ciudad Bolívar.
Desde el Partido MIRA hemos trabajado con una convicción central: el Estado debe llegar antes. No después de que el abuso ocurra, no cuando la familia ya llegó al sistema en crisis, sino antes, cuando todavía hay tiempo de interrumpir el riesgo. Esa es la filosofía detrás del proyecto de acuerdo que radicamos para crear los Consejos Locales de Seguridad para Niños, Niñas y Adolescentes.
La propuesta es sencilla en su lógica y ambiciosa en su alcance: que cada localidad tenga un espacio formal y permanente de coordinación entre entidades distritales, alcaldías locales, colegios, autoridades de seguridad y organismos de protección. Un espacio que mapee los riesgos en el territorio, que active rutas antes de que el daño ocurra, que conecte a las instituciones que hoy trabajan de manera desarticulada. Porque uno de los problemas más graves no es la falta de entidades, sino que no se hablan entre sí cuando todavía hay tiempo de actuar.
Bogotá no necesita más informes sobre lo que ya sabe. Necesita que la prevención deje de ser un enunciado en los planes de desarrollo y se convierta en una práctica territorial, sostenida, con responsables claros en cada localidad. Necesita recordar que detrás de cada cifra hay un niño que todavía tenía tiempo de ser protegido, y que ese tiempo se perdió porque nadie coordinó a tiempo. Cada caso que Bogotá no previene es una vida que tendrá que reconstruirse de los pedazos. Eso no tiene cifra, pero sí tiene solución, si la ciudad decide actuar antes. La prevención no es una meta: es la única respuesta que llega a tiempo.
