Tras la publicación oficial de la hoja de vida de Diego Andrés Salcedo Monsalve como aspirante a la presidencia de Fiduprevisora S.A., diversos sectores de control social y la Red de Veedurías ciudadanas solicitaron a las autoridades competentes una revisión estricta y exhaustiva de los requisitos exigidos para asumir el cargo.
La solicitud pide verificar si la trayectoria del postulado se ajusta a los perfiles de idoneidad financiera y directiva necesarios para administrar fondos estatales como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), pensiones y gestión del riesgo.
Exigencias estatutarias bajo examen
El centro del debate radica en el artículo 49 de los estatutos de Fiduprevisora, el cual obliga a que el presidente de la entidad acredite conocimientos y experiencia directamente relacionados con el sector fiduciario y financiero.
De acuerdo con los registros públicos y el perfil divulgado por la Presidencia de la República, Salcedo es abogado con posgrado en Gestión en Telecomunicaciones. Su experiencia laboral entre 2013 y 2026 se compone principalmente de contratos de asesoría jurídica y apoyo contractual en tres entidades: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Corresponderá a la Superintendencia Financiera de Colombia evaluar si estos contratos de prestación de servicios jurídicos con el Estado equivalen materialmente a la experiencia directiva en administración de patrimonios autónomos y operaciones financieras complejas que demanda la fiduciaria.
Vigilancia en medio de la coyuntura del Fomag
La petición de control social coincide con la actual transición del modelo de salud de los docentes estatales, operado por Fiduprevisora a través del Fomag. Este sistema se encuentra bajo planes de vigilancia especial y auditorías por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a fallas reportadas en la prestación del servicio y la entrega de medicamentos.
Según los sectores peticionarios, la revisión técnica es indispensable para garantizar el rigor en la designación del administrador de los recursos públicos estratégicos del país.
